Se retrasan las audiencias de la «Operación Calamar»
Se presentaron nuevas querellas contra los implicados por instituciones afectadas del sector privado.
República Dominicana.- La estructura de corrupción elaborada por los implicados en la llamada Operación Calamar, en su accionar, afectó tanto los intereses del Estado dominicano como los de origen privado. Así lo confirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Asimismo, el funcionario explicó que los referentes del ámbito privado presentaron cinco nuevas querellas ante el Tribunal de Justicia. Además, aclaró que eso motivó el aplazamiento de la audiencia programada para el domingo pasado, explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Camacho indicó que la mayoría de las querellas están dirigidas a la mayoría de los procesados. Y explicó que esas personas que se querellaron pidieron que les fuera notificado a las partes, y a esos fines la audiencia fue aplazada.
“Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, sobre todo, porque hay personas que entienden que este entramado les afectó sus intereses y por esa razón están acudiendo al tribunal”, sostuvo el titular de la Pepca. La jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para la audiencia para mañana, miércoles 29 a las 9h.
En tanto, días atrás, la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, resaltó; “Este es un proceso en el que el Ministerio Público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares de investigaciones para red de criminalidad organizada, porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región”, precisó Reynoso, quien señaló que para lograr la solidez con la que cuenta este expediente, el órgano de justicia trabajó sin descanso.
El expediente acusatorio del Ministerio Público posee más de 3.000 páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de DOP17.000m (USD308.5m) al Estado, los cuales sumados a unos DOP2.100m (USD38.1m) en deuda administrativas totalizan más de DOP19.000m (USD344m).
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Camacho rectificó que son 20 las personas a las que se les está solicitando medida de coerción. Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y el economista Ángel Lockward.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Extorsión en apuestas deportivas
Según se indicó, en el esquema de corrupción hay un capítulo en torno a las bancas deportivas y de lotería denominado el Proyecto o Programa.
“El proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generó sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio DOP22.m en provecho de la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominicano”, asegura la Procuraduría anticorrupción.
El proyecto o el programa, señala el expediente, “era una especie de extorsión donde los dueños de bancas con personas como José Melchor González Calderón, dueño de la banca de lotería La suerte, King, Salce y banca deportiva Joel Sport, Out 27, Sport y King Sport, debían realizar pagos a la estructura de corrupción, pues de lo contrario la Dirección de Casino y Juegos de Azar, procedía a realizar el cierre de las bancas e incautación de tragamonedas”.
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