Se intensifican los controles contra el juego ilegal en Colombia
Coljuegos secuestró 55 máquinas tragamonedas y más de 100 elementos de juego de azar en distintos comercios de los departamentos de Risaralda y Quindío.
Colombia.- Coljuegos volvió a dar un nuevo golpe contra el juego ilegal. Tras los exitosos procedimientos realizados a fines de mayo, el ente regulador de juegos de azar realizó nuevas acciones de control; esta vez en establecimientos comerciales de los departamentos de Risaralda y Quindío.
En coordinación con la Policía, los operativos permitieron las incautaciones de 159 elementos que operaban de manera ilegal y que afectaban directamente las recaudaciones destinadas para el sistema de salud de ambas regiones.
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Los controles fueron realizados en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Armenia y Montenegro, logrando el retiro de 55 máquinas electrónicas tragamonedas, cuatro módulos de apuestas deportivas y un bingo con 100 sillas.
Los elementos ilegales incautados representan para los departamentos de Risaralda y Quindío cerca de 2.654 millones de pesos (USD690 mil) que se dejaron de percibir por derechos de explotación y que no pudieron ser derivados a Salud.
Coljuegos informó que de encontrarse culpables, los implicados en estas operaciones ilegales serán multados por montos que oscilan los 4.800 millones de pesos (USD1,2m).
El ente también aclaró que, en conformidad con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, por cada máquina electrónica tragamonedas encontrada en el establecimiento se impondrá una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Asimismo, agregó que para los juegos online, cuya operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor.
Además de las sanciones económicas referidas, la Ley establece la prohibición para operar juegos de suerte y azar durante cinco años, la destrucción de los elementos de juego sobre los cuales se adoptó la medida cautelar de retiro, y una pena de seis a ocho años de prisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 del Código Penal.
