Declaran en desacato a la Junta de Control de Juegos de Panamá por autorizar nuevas salas de tragamonedas en Fantastic Casino
La Corte Suprema de Justicia había declarado ilegal la ampliación de salas acordada en 2009.
Panamá.- La Junta de Control de Juegos (JCJ) habría desatendido un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al autorizar la operación de nuevas salas de tragamonedas a cargo de Gaming & Services de Panamá, S.A., que opera bajo el nombre comercial Fantastic Casino, luego de que se limitaran los movimiento de las casas de apuestas en hace dos años.
En 2009 se firmó una “adenda complementaria” al contrato celebrado originalmente en 1997 entre la JCJ y la empresa Gaming & Services. Esta adenda permitía la apertura de 12 salas de máquinas tragamonedas adicionales a las 9 autorizadas en el contrato original. Sin embargo, el 16 de agosto de 2023, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró esta adenda ilegal, implicando que se había pactado de forma irregular y no cumplía con la normativa vigente.
A pesar del fallo que declaraba la adenda nula, la JCJ, en lugar de acatar la decisión de la CSJ, emitió la Resolución No. 51 el 23 de noviembre de 2023, que permitió que las 12 salas autorizadas en la adenda continuaran operando. Además, esta resolución autoriza la operación de hasta 23 salas en unas áreas designadas (Ciudad de Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste), lo que no solo legitima las operaciones cuestionadas sino que también abre la posibilidad a nuevas aperturas.
Antecedentes
La empresa Gaming & Services, que opera bajo el nombre comercial Fantastic Casino, también está vinculada a otros establecimientos, incluyendo salas en Las Mañanitas y bajo el nombre Big Win, a través de sociedades relacionadas. El presidente de estas sociedades es William Downing. Además, se menciona la participación de Enrique Pretelt Araúz como secretario de una de las sociedades, vinculado familiarmente con el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
Estas conexiones, junto con la participación accionaria revelada en 2009, donde Cirsa tenía el 71 por ciento de Gaming & Services y el restante estaba en manos de Pretelt y Roosevelt Thayer, originaron investigaciones por presunto lavado de capitales. Estas investigaciones terminaron en un sobreseimiento para algunas figuras.
Controversia y reacciones en el sector
El proceder de la JCJ fue calificado de desacato al ignorar el fallo de la CSJ, lo que provocó diferentes reacciones de otros operadores del sector. Por ejemplo, Hípica de Panamá, otro operador de juegos, presentó una demanda de nulidad de la Resolución No. 51. La demanda se sustenta en que un decreto de 1998 prohíbe pactar nuevos contratos para abrir más salas, y la resolución en cuestión estaría promoviendo una apertura “ilegal, arbitraria e indiscriminada” que afecta la libre competencia y los derechos de otros operadores. Además, se destacó la diferencia en las inversiones realizadas por distintos operadores, lo que podría crear desequilibrios en el sector.
La Resolución No. 51 se adoptó cuando ciertos funcionarios integraban el pleno de la JCJ. A pesar de un cambio de gobierno, esta resolución se mantiene vigente. Ante esta situación, se solicitó un informe de conducta al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, y se realizaron cambios en la composición del pleno de la JCJ.
