Rio Grande do Norte refuerza controles en el sector de loterías
La nueva normativa busca prevenir el lavado de dinero y fortalecer la transparencia.
Brasil.- El estado de Rio Grande do Norte publicó una serie de normas para el sector de la lotería. La medida, oficializada por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial el viernes 20 de marzo, establece líneas de acción obligatorias para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La disposición, incluida en la Ordenanza n.º 241 de la SEI, detalla las políticas, procedimientos y mecanismos de control que deberán implementar los operadores de lotería, ampliando el rango para la supervisión de las operaciones y reforzando la integridad del sector. Se ajusta a la legislación federal y a las recomendaciones del Consejo para el Control de las Actividades Financieras (Coaf) y de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda.
Además, la secretaria ejecutiva de Ingresos, Jane Araújo, subrayó que el cumplimiento de estas medidas es obligatorio conforme a la Ley Federal N.º 9.613/1998, que regula la prevención del lavado de dinero en Brasil. “La ordenanza refuerza el compromiso del Estado con la seguridad jurídica y la transparencia de la lotería oficial estatal”, afirmó.
Principales obligaciones para los operadores
Entre las medidas más relevantes que deberán cumplir las loterías se encuentran:
- Implementar programas de cumplimiento y gobernanza.
- Monitorear e informar transacciones sospechosas al COAF, a través del sistema SISCOAF.
- Usar tecnologías que garanticen la trazabilidad de las operaciones.
- Identificar y registrar a los apostadores, incluyendo a las personas políticamente expuestas (PPE).
- Mantener registros durante un período mínimo de cinco años.
La ordenanza entrará en vigor 30 días después de su publicación, mientras que las normas de inspección, supervisión y aplicación de sanciones comenzarán a regir el 1 de junio de 2026. El incumplimiento podrá derivar en multas y procesos administrativos, según está determinado en la legislación federal.
