Rechazan darle carácter de urgente a la votación para regular el juego físico en Brasil
El Senado rechazó el pedido de tratamiento urgente del PL 2.234/2022, que busca regular los casinos, bingos y el jogo do bicho. La decisión retrasa la votación del marco regulatorio del juego físico, que continúa sin fecha definida pese al respaldo de su relator y al debate abierto sobre su impacto económico y fiscal.
Brasil.- El Senado de Brasil decidió postergar una vez más el avance del proyecto que propone legalizar y regular el juego físico en el país. Por 36 votos contra 28, el Plenario rechazó el requerimiento de urgencia para la votación del Proyecto de Ley 2.234/2022, que habilita la operación de casinos, bingos y el jogo do bicho, además de establecer un marco regulatorio integral para el sector.
Con la negativa al tratamiento acelerado, la iniciativa continuará su trámite ordinario en la Cámara alta, sin una fecha definida para su votación final. El proyecto, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados y recibió dictamen favorable en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) en junio de 2024, permanece en análisis en el Senado desde 2022.
El texto cuenta con el respaldo de su relator, el senador Irajá, quien ha defendido en reiteradas oportunidades la regulación del juego físico como una herramienta para generar empleo, atraer inversiones y aumentar la recaudación tributaria. La propuesta establece reglas de licenciamiento, fiscalización y prevención del lavado de dinero, además de definir un esquema impositivo específico para la actividad.
El propio Irajá había mostrado esperanzas de que el proyecto sería elevado a votación dentro del recinto antes de que finalice 2025, sin embargo, el tratamiento parlamentario deberá esperar.
Entre otros puntos, el proyecto prevé la creación de la Contribución de Intervención en el Dominio Económico (Cide-Jogos), con una alícuota del 17 por ciento sobre la facturación bruta de la explotación de juegos, y una tasa trimestral de fiscalización que variará según el tipo de operación. En el caso de los casinos, la tasa anual alcanzaría los R$600.000 (US$110.000) por establecimiento.
Pese a estos argumentos, sectores contrarios al proyecto, especialmente vinculados a la bancada evangélica, sostienen que la legalización podría agravar problemas sociales como el juego problemático y facilitar delitos financieros. En contraste, defensores de la iniciativa remarcan que la ausencia de regulación mantiene al mercado en la informalidad y priva al Estado de ingresos fiscales y herramientas de control.
La decisión del Senado se produce en un contexto de creciente debate sobre el rol del juego en la economía brasileña, marcado recientemente por la aprobación de aumentos impositivos para las apuestas online. Mientras el juego digital avanza bajo un marco regulado y con mayor carga fiscal, el juego físico continúa a la espera de una definición política que permita su incorporación formal al sistema legal brasileño. Por el momento, se deberá esperar al reinicio de las actividades parlamentarias luego del receso estival para que el trámite tome impulso y avance hacia su deliberación final en el Senado.
