Qué dijeron desde el gobierno chileno y la SCJ sobre la investigación de colusión de casinos

El ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, y el jefe de la división jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, se refirieron a la acusación de la FNE. 

Chile.- La industria del juego chilena sigue revolucionada luego de que la FNE presentara un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas acusándolos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos en 2020 y 2021.

Mientras que desde las empresas se defendieron de las acusaciones, otros actores claves también manifestaron su posición sobre la investigación. El ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, habló con el medio local Radio Bío Bío y se refirió al requerimiento de la FNE y sostuvo que la Fiscalía presentó “muy buenos antecedentes”.

Además, explicó: “La FNE está planteando que hubo una coordinación de tres empresas para coordinarse para ver quién iba a ir en las distintas licitaciones. La consecuencia es que se recauda menos para el Estado y las instituciones regionales que reciben recursos de estos casinos. Uno lo que espera en una licitación es que al ser competitiva ellos tengan que entregar como rentas al Estado el máximo que era compatible con el desarrollo de su negocio, y lo que ocurre es que están entregando menos porque se coordinaron para evitar este mecanismo de competencia. Esto es sumamente grave. La colusión incluso puede implicar consecuencias penales, una vez que termine el proceso que está ahora”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “las penas o las sanciones que se están pidiendo son las más altas que se han pedido en la implementación de este tipo de ley. Estamos hablando de USD150m. La evidencia que tiene la Fiscalía es muy contundente. Acá ocurrió que uno de los tres participó en delación compensada a cambio de poder librarse de las sanciones. Es un mecanismo muy eficiente”. Asimismo, el ministro le dijo a Radio Bío Bío que estos casos se provoca un daño a las instituciones.

Por último, Grau señaló: “Esta coordinación se hizo en el fondo para dar menos renta a los municipios, al Estado en general. Esto es muy grave, porque termina perjudicando a todos los ciudadanos. En el fondo están haciendo trampa. Cuando alguien hace un comportamiento de ese tipo daña las instituciones, y es muy relevante que las sanciones sean altas”.

Por su parte, el Jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, Manuel Zárate Campos, dijo que la investigación de la FNE se inició por la denuncia presentada por la Superintendencia luego de realizadas las audiencias públicas de presentación de ofertas técnicas y económicas, efectuadas entre octubre de 2021 y enero de 2022, donde postularon 14 sociedades para ocupar 12 cupos disponibles a partir de julio de 2023. Solo en dos de un total de 14 comunas, hubo más de un oferente.

«Esta situación llamó la atención de la Superintendencia, y fue una de las razones que motivó la presentación de dicha denuncia, en cumplimiento de la obligación que tienen las instituciones públicas de denunciar no solo cualquier hecho que pudiera constituir una infracción grave en contra de la libre competencia, sino que incluso el delito de colusión, lo que en definitiva deberá ser determinado tanto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como por los tribunales con competencia penal, respectivamente», agregó Zárate en su declaración.

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La posición de la Confederación de la Producción y el Comercio

La Confederación de la Producción y el Comercio emitió el pasado viernes 4 de octubre la siguiente declaración:

“El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en relación a una presunta colusión de tres empresas para afectar el resultado de las licitaciones de casinos, da cuenta de un hecho gravísimo que condenamos enérgicamente desde la Confederación de la Producción y del Comercio”.

En su comunicado, la confederación agregó: “Los atentados contra la libre competencia constituyen un abuso que daña profundamente la confianza y la fe pública, afecta la transparencia en los mercados y la actividad empresarial, perjudicando el adecuado funcionamiento de la economía, el emprendimiento y las inversiones. Como todo acto de corrupción, la colusión también va minando nuestro sistema democrático”.

Y continúó: “Desde el punto de vista gremial y empresarial, la colusión es justamente lo contrario de lo que propiciamos y fomentamos como CPC, pues la libre competencia está en la esencia de la economía social de mercado, que permite el crecimiento y el desarrollo de los países”.

Asimismo, sostuvieron que estos hechos deben ser investigados con profundidad, perseguidos enérgicamente, castigados con el rigor de la ley y comunicados con máxima transparencia. “En Chile existe un sólido marco institucional que vela por la libre competencia y, como siempre, respetamos y confiamos en el trabajo serio y responsable que los organismos pertinentes están realizando”, dice la carta.

Por último, cerró: “Desde la CPC lamentamos que los delitos y faltas a la ética cometidos por unos pocos en el ámbito empresarial perjudiquen a un sector que está en su gran mayoría centrado en aportar al crecimiento sostenible, al desarrollo integral y al bienestar de las personas, poniendo a la persona al centro, respetando los principios éticos y las buenas prácticas”.