El gobierno brasileño defendió la prohibición de apuestas online ante el STF y la industria cuestionó sus efectos
Luiz Fux subrayó la seguridad jurídica y la confianza legítima de quienes operaron bajo el marco regulatorio previo, mientras las asociaciones presentaron datos fiscales y alternativas de control estatal como alternativa a la prohibición total.
Datos clave:
- El Ministerio de Hacienda defendió la prohibición de las apuestas de cuota fija y reconoció que el sistema de licencias mejoró la supervisión, aunque consideró insuficientes las herramientas para contener efectos sociales y económicos.
- Según el Gobierno, los jugadores transfirieron alrededor de R$62.000m (US$11.000 m) al sector y la probabilidad de incumplimiento financiero aumenta casi un 40 por ciento al comenzar a apostar.
- ABLE citó datos oficiales: los ingresos de las apuestas representan menos del 0,5 por ciento del consumo de los hogares y el sector aportó R$9.95bn (US$1.81bn) en impuestos federales y R$4.53bn (US$828m) en otras cargas durante 2025.
- Luiz Fux reiteró su posición personal contraria a las apuestas, pero enfatizó la seguridad jurídica y la confianza legítima, y mencionó la posible modulación de efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad.
- ABERT informó que las denuncias por publicidad de apuestas ilegales pasaron de un promedio de 2,3 por día antes de la medida a 8,5 después de su entrada en vigor.
Resumen: La audiencia pública del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre la prohibición de las apuestas online dejó expuestas las posiciones enfrentadas del Gobierno federal y las organizaciones del sector. El Ministerio de Hacienda defendió la interrupción de la actividad, aunque reconoció avances del sistema regulado, mientras las asociaciones cuestionaron las cifras oficiales, advirtieron sobre el crecimiento del mercado ilegal y plantearon alternativas de control estatal. El ministro Luiz Fux, relator de las acciones, subrayó la necesidad de preservar la seguridad jurídica de quienes invirtieron y operaron bajo el marco anterior.
Brasil.- La audiencia pública convocada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para analizar la prohibición de las apuestas online dejó expuestas las posiciones enfrentadas del Gobierno federal y las organizaciones que buscan revertir la medida. Durante la segunda parte de la sesión del 3 de noviembre, el Ministerio de Hacienda defendió la decisión de interrumpir la actividad, aunque reconoció que el sistema de regulación y licencias implementado anteriormente había representado un avance significativo para el Estado.
El debate se desarrolló bajo la conducción del ministro Luiz Fux, relator de las ocho acciones de inconstitucionalidad vinculadas con la Medida Provisional (MP) 1.394/2026, que prohibió las apuestas de cuota fija, incluidos los casinos online, en Brasil.
Mientras el Ejecutivo argumentó que la regulación no había conseguido contener los potenciales daños asociados al juego, las entidades contrarias a la prohibición cuestionaron las cifras oficiales, advirtieron sobre las consecuencias de eliminar el mercado autorizado y plantearon alternativas para mantener la actividad bajo control estatal.
La discusión también estuvo atravesada por las declaraciones de Fux al comienzo de la audiencia. El magistrado reiteró su posición personal contraria a las apuestas, pero subrayó que la interrupción de una actividad previamente autorizada por el propio Gobierno debe analizarse a la luz de la seguridad jurídica y de la confianza legítima de quienes invirtieron y operaron bajo ese marco regulatorio.
El Gobierno reconoció los avances de la regulación, pero defendió la prohibición
La representación del Ministerio de Hacienda sostuvo que el proceso de autorización de operadores había permitido mejorar la supervisión estatal, fortalecer el combate contra las plataformas ilegales e incorporar herramientas de protección para los usuarios.
Sin embargo, consideró que esos mecanismos no fueron suficientes para contener los efectos negativos de la actividad. Entre los argumentos presentados, el organismo estimó que los jugadores transfirieron alrededor de R$62bn (US$11bn) al sector y afirmó que la probabilidad de incumplimiento financiero aumenta casi un 40 por ciento cuando una persona comienza a apostar.
No obstante, las cifras presentadas por el Ministerio no estuvieron acompañadas de fuentes específicas durante la exposición.
El argumento central del Gobierno fue que, aunque el sistema de licencias había mejorado la capacidad de fiscalización, la existencia de un mercado regulado no garantizaba que pudieran evitarse los daños asociados a las apuestas.
Las asociaciones cuestionaron las cifras económicas del Ejecutivo
La Asociación Brasileña por la Libertad Económica (ABLE) utilizó datos oficiales para cuestionar los argumentos económicos del Ministerio de Hacienda.
La organización sostuvo que los ingresos de las apuestas representaban menos del 0,5 por ciento del consumo de los hogares brasileños. También rechazó la estimación gubernamental sobre el impacto negativo de las apuestas en el PIB y afirmó que el cálculo presentado era matemáticamente inconsistente.
La intervención generó uno de los primeros aplausos de la audiencia. ABLE también recordó los ingresos fiscales que produjo el mercado regulado. Según los datos oficiales citados por la asociación, durante 2025 el sector aportó R$9.95bn (US$1.81bn) en impuestos federales y otros R$4.53bn (US$828m) en cargas y contribuciones legales.
Las cifras fueron utilizadas para cuestionar el costo económico de la prohibición y advertir sobre los recursos que el Estado dejaría de percibir al eliminar la actividad autorizada.
AIGaming propuso utilizar el modelo de Caixa
La Asociación Internacional de Gaming (AIGaming), que representa a operadores, presentó una alternativa para mantener las apuestas de cuota fija dentro de un sistema de supervisión pública.
Su planteo tomó como referencia el modelo de las loterías federales administradas por Caixa Econômica Federal, el banco estatal brasileño. La entidad preguntó por qué no podía aplicarse un esquema similar a las apuestas deportivas y los casinos online, incluso mediante la participación directa de Caixa.
Durante su intervención, el representante de AIGaming retomó una reflexión de Magno José, presidente del Instituto Brasileño de Juego Legal (IJL), sobre el eje central de la discusión: quién debe controlar la actividad, el Estado o la ilegalidad.
La propuesta buscó mostrar que la discusión no necesariamente debía limitarse a mantener o eliminar las apuestas, sino que también podía contemplar modelos alternativos de explotación y fiscalización estatal.
En el mismo espacio de intervención conjunta con las asociaciones de loterías, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) reconoció que no existe un derecho constitucional a explotar apuestas, pero sostuvo que más de 20 años de prohibición no habían conseguido eliminar la actividad ilegal.
Los municipios cuestionaron la constitucionalidad de la MP
La Asociación Nacional de Alcaldes y Vicealcaldes (ANPV), que presentó su propia acción judicial contra la medida (ADI 8.028), centró sus argumentos en las competencias federales y estatales y en los requisitos constitucionales para aprobar una medida provisional.
La organización sostuvo que la MP 1.394/2026 vulnera el pacto federal al extinguir las concesiones de loterías estatales, cuya legalidad había sido reconocida por el STF en 2020.
También cuestionó que el Ejecutivo recurriera a una medida provisional, que exige condiciones de relevancia y urgencia, cuando la decisión fue firmada apenas nueve días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
«La conveniencia electoral no es urgencia constitucional», fue uno de los argumentos presentados por la asociación.
La ANPV también cuestionó las consecuencias económicas para las empresas que habían obtenido autorizaciones y pagado R$30m (US$5.4m) por sus licencias, que quedaron sin efecto sin un mecanismo de devolución. La entidad consideró que esa situación tiene un carácter confiscatorio.
IBJR advirtió sobre el crecimiento del mercado ilegal
El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) también cuestionó el enfoque de la medida provisional y sostuvo que la prohibición no resuelve el problema de las operaciones clandestinas.
«No escuché a nadie aquí, durante toda la tarde, decir que van a acabar con el juego ilegal. Lo que escuché es que quieren acabar con el juego regulado», planteó la organización durante su intervención.
El IBJR argumentó que la MP deshace contratos firmados de buena fe y deja al Congreso ante una situación consumada: cuando los legisladores deban pronunciarse sobre la medida, buena parte de sus consecuencias ya se habrá producido.
Los medios de comunicación señalaron un aumento de la publicidad ilegal
La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT), que representa a más de 2.500 estaciones de radio y canales de televisión, puso el foco en las consecuencias de la prohibición para el control de la publicidad.
La organización informó que las denuncias ante el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar) por anuncios de apuestas ilegales pasaron de un promedio de 2,3 por día antes de la MP a 8,5 después de su entrada en vigor.
Para ABERT, la medida generó una paradoja regulatoria: al restringir la publicidad de los operadores que estaban sujetos a las reglas, el Estado pierde capacidad para supervisar el mercado y combatir los anuncios de plataformas clandestinas. A esto se suma la pérdida de recaudación fiscal y el mantenimiento de los costos de fiscalización de la actividad ilegal.
El deporte también expuso las consecuencias de la prohibición
El Ministerio de Deportes fue el último organismo en intervenir y, a diferencia de otros representantes del Gobierno, no fijó una posición directa sobre la continuidad o no de la prohibición. Su exposición estuvo centrada en las políticas de integridad deportiva y prevención de la manipulación de competiciones, varias de las cuales se desarrollaron en el marco del mercado regulado.
Entre las iniciativas mencionadas figuraron los sistemas de monitoreo de cuotas y alertas sobre posibles irregularidades, desarrollados junto con la Asociación Internacional de Integridad de las Apuestas (IBIA), Sportradar y Genius Sports.
El Ministerio también destacó la capacitación de 482 agentes policiales y la implementación de una política nacional contra la manipulación de resultados deportivos, presentada como la única de estas características en América Latina.
Fux puso el foco en la seguridad jurídica
Más allá de los argumentos presentados por las distintas instituciones, la posición del ministro Luiz Fux constituye uno de los elementos centrales para el futuro de las acciones judiciales.
Al abrir la audiencia, el magistrado había rechazado las críticas sobre la composición de los participantes y recordó que el STF ya había convocado, en noviembre de 2024, dos jornadas de debate sobre los efectos de las apuestas, con representantes de organizaciones de salud, defensa del consumidor y protección de grupos vulnerables.
Fux reiteró entonces su convicción personal de que las apuestas representan un problema de salud pública y económico. Sin embargo, también advirtió que la discusión judicial debe contemplar los efectos de una interrupción abrupta de una actividad que había sido autorizada y regulada por el propio Estado.
«Todo acto del Gobierno tiene que tener la protección de la confianza legítima. Nosotros creemos en el poder público», afirmó.
El ministro señaló que el tribunal debe evaluar si la eliminación inmediata de una actividad económica puede realizarse sin considerar las consecuencias para quienes confiaron en el marco normativo anterior.
En ese contexto, mencionó la posibilidad de que el STF recurra a la modulación de los efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad, una herramienta que permite establecer condiciones o plazos de transición para evitar consecuencias inesperadas.
«La modulación busca evitar sorpresas e imprevisiones, lo que también significa proteger la seguridad jurídica», explicó.
Fux también adelantó que pretende reunir información sobre los efectos posteriores a la entrada en vigor de la MP, particularmente sobre el avance de las plataformas ilegales y las consecuencias económicas de la prohibición. Estos elementos serán considerados en el análisis que deberá compartir con los demás integrantes del tribunal.
Qué sigue en el STF y el Congreso
Al cierre de la audiencia, Fux señaló que el STF no siempre cuenta con la capacidad institucional para resolver por sí solo todas las dimensiones de este tipo de controversias y que, en determinadas circunstancias, corresponde dejar la decisión en manos del ámbito institucional adecuado. Si el tribunal debe pronunciarse, el ministro anticipó que compartirá con sus colegas los elementos recogidos durante las exposiciones.
La Procuraduría General de la República (PGR), que había cuestionado la ley de apuestas de 2023 en 2024, no fijó una posición durante la audiencia. El organismo explicó que todavía debe analizar las acciones presentadas contra la MP.
En paralelo, la medida provisional continúa su recorrido en el Congreso. Su plazo inicial de 60 días vence el 23 de noviembre y se prorroga automáticamente, por lo que la votación podría trasladarse a comienzos de 2027.
El futuro de las apuestas online en Brasil dependerá, por tanto, de dos procesos que avanzan en paralelo: el análisis constitucional de la prohibición en el STF y la decisión del Congreso sobre la continuidad de la medida provisional. Mientras tanto, la audiencia dejó en evidencia que el debate ya no se limita a los efectos sociales del juego, sino que también involucra la recaudación fiscal, la seguridad jurídica, la integridad deportiva y la capacidad del Estado para controlar las operaciones ilegales.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el Gobierno de Brasil defendió la prohibición de apuestas online? El Ministerio de Hacienda sostuvo que, pese a los avances en supervisión y combate a plataformas ilegales, las herramientas de control no fueron suficientes para contener los efectos sociales y económicos de la actividad.
- ¿Qué dijo Luiz Fux sobre la prohibición de apuestas online? Reiteró su posición personal contraria a las apuestas, pero advirtió que la interrupción de una actividad previamente autorizada debe analizarse a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima. Mencionó la posible modulación de efectos.
- ¿Cuánto aportó en impuestos el sector de apuestas regulado en Brasil? Según datos oficiales citados por ABLE, durante 2025 el sector aportó R$9.950 millones (US$1.810 millones) en impuestos federales y otros R$4.530m (US$828m) en tasas y contribuciones legales.
- ¿Qué alternativa propuso la industria ante la prohibición? AIGaming planteó aplicar un modelo similar al de las loterías federales administradas por Caixa Econômica Federal, incluso con participación directa del banco estatal, para mantener las apuestas bajo supervisión pública.
