Podrían investigar a empresas de apuestas deportivas de Brasil
La Procuraduría General de la República abrirá una investigación por una supuesta explotación irregular.
Brasil.- La Procuraduría General de la República (PGR) abrirá una investigación por una supuesta explotación irregular de las apuestas deportivas en el país, un sector sin regulación.
Por ahora, el tema es tratado en la Sala de Consumo y Orden Económico de la PGR. En el análisis preliminar participan dos grupos de trabajo: el de Consumo y el Sistema Financiero Nacional.
Ver también: Un partido de fútbol en Brasil levanta sospechas por fraude
Los fiscales ya se han reunido con otros organismos, incluido el Ministerio de Justicia. El pasado 30 de agosto, el ministerio determinó que la Confederación Brasileña de Fútbol, Globo y veinte equipos de la primera división del Brasileirão presenten contratos publicitarios firmados con empresas de apuestas deportivas.
Los equipos de Serie A mencionados son América-MG, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Avai, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos y São Paulo. Otros 20 clubes de la Serie B y 12 federaciones estatales fueron notificados.
La regulación de las apuestas deportivas en el país aún no se completó y está trabada en el gobierno de Bolsonaro a pedido de la bancada evangélica. El plazo de regulación es de cuatro años y finaliza el 12 de diciembre.
Ver también: Otra casa de apuestas deportivas va detrás de un jugador de fútbol brasileño
El decreto fue archivado luego de que el diputado federal Marco Feliciano, del PL de São Paulo, convenciera al presidente de que la sanción podría afectar los intereses electorales del público evangélico.
En medio de la incertidumbre, las casas de apuestas han estado utilizando sitios alojados en el extranjero, en países como Curaçao, en el Caribe, y Chipre, en el Mediterráneo.
Como las apuestas deportivas no han sido reguladas, el Ministerio de Justicia sospecha que “la actividad puede estar siendo explotada sin la debida autorización y sin ningún mecanismo de control, inspección o rendición de cuentas”.
