Pérdidas millonarias y despidos masivos en casino argentino

La sala de juegos de Mendoza dio de baja 84 contratos y sus empleados realizaron un paro de 72 horas con cese de actividades.

Argentina.- El gobierno de la provincia de Mendoza intenta calmar las aguas, pero los disturbios continúan. La medida gremial por la baja de 84 contratos y la inacción de la actual conducción del ente afectaron violentamente la recaudación del casino.

El nuevo directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJYC) de Mendoza dio de baja 84 contratos de su planta temporaria de personal. Pero esta cifra no es la única que refleja el actual estado de cosas en esa institución: por el paro de 72 horas que realizó el sector gremial la semana pasada, en reclamo de la restitución de un grupo de trabajadores, se perdió la recaudación cercana al medio millón de dólares.

La Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia establece que el 35 por ciento de las ganancias líquidas del IPJYC deben tener como destino programas de Desarrollo Social y Salud. En su momento, el ministro de Gobierno Dalmiro Garay explicó que las cesantías obedecían a la necesidad de devolverle al Instituto su misión original (la asistencia social) y, al mismo tiempo, desmontar lo que consideró “una inmensa estructura administrativa” para racionalizar los recursos del Estado.

Las nuevas autoridades de esta institución entienden que al aumentar progresivamente la planta de personal, un inmenso porcentaje de esos recursos se termina utilizando para pagar sueldos, y así se pierde de vista la meta principal. “El objetivo de que el Gobierno de Mendoza esté involucrado en el sistema de juegos es que pueda transferirle fondos a la Provincia para Desarrollo Social y Salud. Si esta misión no se cumple, no tiene razón de ser que el Gobierno esté en el juego. Alcanzaría con la sola fiscalización de Administración Tributaria Mendoza en los casinos privados para ver cuánto pagan de Ingresos Brutos”, dijo Andrés Lombardi, gerente General del IPJYC, a un medio local.

Además de la fuerte pérdida de ingresos que soportó el IPJYC a raíz de la medida de fuerza, ahora podría afrontar el inicio de acciones judiciales por parte de las empresas concesionarias de los anexos. Estas estarían en condiciones de exigir un resarcimiento económico por lucro cesante. Hasta ahora, ninguno de los operadores lo ha hecho. Sí se estarían manteniendo negociaciones informales entre las partes para intentar llegar a un acuerdo y evitar terminar en la Justicia.