Paraguay: incautan máquinas tragamonedas que funcionaban de manera ilegal en Cambyretá

El dueño afirmó tener la documentación pertinente, aunque no pudo presentarla a los funcionarios judiciales.
El dueño afirmó tener la documentación pertinente, aunque no pudo presentarla a los funcionarios judiciales.

En el operativo se comprobó que las máquinas no contaban con licencia de uso.

Paraguay.- Una comitiva fiscal y municipal realizó un allanamiento de un local comercial que fue denunciado por montar máquinas tragamonedas que no tenían permiso municipal en Cambyretá, departamento de Itapúa.

El procedimiento se realizó en una despensa del barrio Arroyo Porâ de la ciudad de Cambyretá. Se logró la incautación de dos máquinas y se pudo constatar que el dueño no tenía documentos para su uso. “Tenemos una denuncia que dice que en este lugar se estaban explotando clandestinamente juegos de azar, tipo tragamonedas. Al llegar al lugar constatamos que estas máquinas no tienen la documentación pertinente”, explicó la fiscal Carmen Palazón.

La funcionaria judicial resaltó que el dueño del comercio manifestó que tenía permiso para explotar estos juegos, pero no presentó las documentaciones. “En este momento no cuentan con la documentación, no sé si presentarán luego. Llevamos las dos tragamonedas y se abre el proceso”, apuntó.

Agregó que para que este tipo de juegos se instalen deben contar con permiso de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y la comuna local. Esta clase de procedimiento también lo pueden hacer funcionarios de cada municipalidad ya que son ellos los que otorgan los permisos, pero en este caso la denuncia fue ante la Fiscalía.

Desde la Conajzar confirmaron que en el caso de las tragamonedas que se instalan de forma ilegal en negocios en la mayoría de los casos son los niños y adolescentes los que más las utilizan, convirtiéndose en un daño tremendo para su salud ya que los convierte en jugadores compulsivos.

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Condenas

A fines de junio, el Tribunal de Sentencia dictó la primera condena por explotación clandestina de juegos de azar en Paraguay.

El tribunal integrado por los magistrados Luis Ovelar Ledezma, Lilian Godoy de Segovia y Víctor Vera Valloud, condenó a Diego Rafael Amarilla Lugo a un año y medio de cárcel por este delito.

En declaraciones a PDS Radio, Carlos Liseras Osorio, presidente de Conajzar, destacó la importancia de esta sentencia histórica. A pesar de que la Ley 1016/97 regula la explotación de juegos de azar en el país, son numerosos los casos de juegos clandestinos que se desarrollan en todo el territorio nacional, lo que ha llevado a Conajzar a presentar múltiples denuncias ante el Ministerio Público.

El caso comenzó en 2018, a raíz de una denuncia por explotación clandestina de rifas en el Departamento de Caaguazú. Hasta allí llegó Vladimir Arce, en representación de Conajzar, quien intervino el local y constató que Amarilla Lugo no contaba con autorización alguna para llevar a cabo esta actividad ilegal. Además, se comprobó que la mecánica utilizada para el sorteo era insegura, no controlada e incierta, sin garantías para los apostadores.

Tras la denuncia presentada por la Conajzar, se iniciaron las investigaciones correspondientes y Arce impulsó el proceso durante los años subsiguientes, logrando finalmente la elevación a juicio oral y público. 

Liseras Osorio señaló que existen varios procesos en curso por la explotación ilegal de diferentes modalidades de juegos de azar, como rifas, bingos, carreras de caballos, quiniela y apuestas deportivas. Esta sentencia representa un llamado de atención a los intendentes municipales, quienes tienen la responsabilidad de controlar y prohibir la explotación de juegos de azar que no cuenten con la autorización de la comisión.

Además de las pérdidas económicas que supone para el Estado, la explotación clandestina de juegos de azar puede tener graves consecuencias para la salud de los menores de edad, quienes pueden desarrollar ludopatía y problemas de juego compulsivo. Esta condena histórica marca un paso importante en la protección de la sociedad frente a los peligros asociados a esta actividad ilegal.

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