Panamá aprueba ley integral para la prevención de la ludopatía y refuerza controles sobre el juego
La iniciativa, que superó el tercer debate en la Asamblea Nacional, introduce verificación biométrica, restricciones publicitarias y aportes obligatorios del sector para financiar tratamientos de salud mental.
Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 403, una iniciativa que busca consolidar un marco integral de prevención, control y tratamiento de la ludopatía, en un contexto marcado por el crecimiento de las apuestas en línea y la necesidad de fortalecer herramientas de supervisión.
Impulsada por los diputados Raúl Pineda y Crispiano Adames, la norma profundiza en lineamientos que ya habían sido delineados durante su avance legislativo, cuando fue aprobada en segundo debate a comienzos de año, y pone el foco en el juego responsable, la protección de menores y el acompañamiento de los usuarios.
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de un fondo específico para el tratamiento de la adicción al juego, que será financiado mediante aportes obligatorios de operadores de casinos y plataformas digitales. Estos recursos estarán destinados al Instituto de Salud Mental (INSAM) para el desarrollo de programas de atención y la puesta en marcha de un centro especializado a nivel nacional.
En paralelo, la normativa establece la implementación de sistemas de verificación biométrica en plataformas digitales, con el objetivo de reforzar los controles de identidad y evitar el acceso de menores de edad, cuya participación en actividades de juego queda expresamente prohibida tanto en entornos físicos como online.
En materia de publicidad, el texto aprobado introduce restricciones a la promoción de juegos de azar en distintos canales, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y el ámbito deportivo, así como el uso de figuras públicas o influencers para incentivar la participación.
La supervisión del cumplimiento de la ley estará a cargo de la Junta de Control de Juegos, en coordinación con otros organismos del Estado, que contarán con herramientas tecnológicas para monitorear la actividad del sector. El esquema contempla sanciones económicas, suspensión de licencias e incluso instancias penales en casos de incumplimientos graves.
Durante el tratamiento del proyecto, Pineda sostuvo que la iniciativa “representa un paso en la protección de los panameños frente a los riesgos asociados al juego”, al tiempo que busca “equilibrar el derecho al entretenimiento con la necesidad de regulación”.
