Murcia endurece sus políticas de seguridad en los salones de juego
Las empresas deberán controlar a los ingresantes en la puerta del establecimiento y reducir el impacto visual.
España.- La Región de Murcia comenzará a trabajar para endurecer la regulación sobre los salones de juego, con especial énfasis en los controles de acceso para impedir el ingreso de menores de edad. La medida se concretará a través de un nuevo decreto cuya aprobación está prevista para el primer semestre de 2026.
Entre los principales cambios, el decreto establecerá que será obligatorio aplicar controles de acceso en la entrada de los salones de juego, un requisito que hasta ahora no existía en la región. Al respecto, el presidente de la Federación Murciana del Recreativo (Femure), Pedro García Cuestas, explicó que esta medida “equiparará el control de admisión de estos locales al que existe, por ejemplo, en los casinos”.
La nueva regulación también introduce modificaciones en la imagen exterior de los establecimientos, ya que obligará a reducir el impacto visual de fachadas y banners publicitarios, limitando su visibilidad hacia el exterior.
Según se informó, el texto ya superó las instancias de revisión de la Comisión de Juego, los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda, el Consejo Económico y Social (CES) y los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, por lo que ya está encaminado para su aprobación definitiva.
En este contexto, García Cuestas señaló que los datos sobre el acceso de adolescentes al juego en Murcia se encuentran por debajo de la media nacional. No obstante, advirtió que los estudios existentes ponen el foco en jóvenes de 18 años, quienes tienen permitido el ingreso a estos locales.
El titular de Femure también se refirió al crecimiento del consumo de juego entre mujeres, un fenómeno que, según indicó, no es exclusivo de Murcia, sino que se repite en otras comunidades españolas y en distintos países europeos, en línea con los cambios en la posición social y económica de la mujer.
Finalmente, García Cuestas remarcó que el nuevo decreto “va orientado a proteger a los colectivos vulnerables, como son los menores de edad y las personas en riesgo por adicciones”, a través de mayores controles.
