Miami cuestiona leyes de Florida
Funcionarios de Miami mostraron preocupación por la posibilidad de expansión de casinos en el condado.
Estados Unidos.- Mientras que los legisladores de Florida todavía están debatiendo la implementación de nuevas leyes de casino, los representantes del condado de Miami-Dade expresaron su preocupación por la expansión del juego en la región. Durante el debate de ayer, el Senado del estado propuso la construcción de dos casinos en el sur de Florida, aunque la Cámara de Representantes permitió solo uno en Miami.
La reunión del jueves condujo al proyecto del Senado, que generó preocupaciones entre los funcionarios de Miami. El plan original era celebrar un proceso de licitación para las construcciones de casinos en los condados de Miami-Dade y Broward. La Cámara estuvo de acuerdo en solo instalar un casino, aunque está lejos del proyecto que aprobaron, que se limitaba a renovar el acuerdo tradicional con la tribu indígena Seminole.
El grupo Seminole tiene actualmente derechos exclusivos sobre operaciones de juego en el Estado. Tanto los proyectos de ley del Senado como de la Cámara permitirían los dados y las ruletas en los casinos de la tribu, aunque el plan de la Cámara también habría mantenido el monopolio Seminole en la industria bajo un acuerdo de 3 mil millones de dólares.
Mientras tanto, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Gimenez, pidió al gobierno del estado que continúe la discusión una vez que los residentes hayan decidido si les gustaría tener un casino o no. «Hay una buena probabilidad de que no hagan un trato», dijo Giménez al Herald / Times. «Pero si algo pasara, he indicado al Representante Díaz y al Senador Galvano que creo que habrá un referéndum por parte del pueblo de Miami-Dade».
Los legisladores han estado debatiendo la expansión del juego durante los últimos tres días, después de que la Corte Suprema del estado dictaminó a favor de una propuesta de enmienda constitucional que llama a una votación popular en 2018 para determinar el futuro de la industria del juego. El Tribunal Supremo dio a funcionarios de Florida dos semanas para presentar una resolución comprensiva.
