Mendoza licita las máquinas tragamonedas del Casino Central
La provincia argentina de Mendoza realizará la licitación de slots del casino más importante de la provincia.
Argentina.- El gobierno de la provincia de Mendoza se encuentra ultimando los detalles para relanzar el contrato de la operación de máquinas tragamonedas del establecimiento de juego más importante de la región.
Este avance se da en medio de la polémica generada anteriormente por el aumento del canon por parte de la empresa que se encontraba a cargo de las máquinas.
Debido a que la concesión con Mendoza Central Entretenimientos está vencida, la provincia avanza con el proceso de licitación para adjudicar ese servicio a otra empresa privada por los próximos 10 años.
Actualmente, el gobierno provincial solo buscar licitar el alquiler de las slots, los pliegos ya fueron enviados a la Fiscalía de Estado y tiene el visto bueno en el plano administrativo.
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Hasta ahora, las propuestas enviadas por diferentes compañías han variado: la oferta más baja proviene de la empresa Desarrollos Maipú, la cual propone un canon del 54,75 por ciento. Por otro lado, la más alta es la de Traylon, que pide quedarse con el 77,17 por ciento de lo recaudado; mientras que Fuente Mayor presentó dos ofertas, con un canon del 68 por ciento en caso de construir un hotel, o del 62 por ciento sin esa infraestructura.
Cuestionan la licitación de la nueva sala de Mendoza
La Unión Personal de Juegos Casino de Mendoza (UPJCM) manifestó su rechazo al proyecto de un nuevo casino en la provincia.
El sindicato del sector cuestionó al gobierno, que busca combinar dos salas al este de la ciudad capital, por el proceso licitatorio, en el que se pidieron altos porcentajes de la recaudación por su operación.
Según UPJCM, los oferentes plantearon recibir un 54,75 por ciento (Desarrollos Maipú S.A.), 77,17 por ciento (Traylon S.A.) o un 62 por ciento (Fuente Mayor S.A.).
El gremio criticó al Instituto Provincial de Juego y Casinos (IPJyC) por no permitirle fiscalizar el proceso “siempre en función de la transparencia y la defensa de los intereses del estado y los trabajadores”, pero habría podido acceder a la documentación de todas formas.
“Resultan muy llamativas y, a nuestro entender excesivas, las ofertas presentadas en especial lo relacionado a los porcentajes requeridos y a los plazos de la concesión, más aun si los comparamos con las condiciones originales de la licitación y vigentes al día de la fecha, que son 49 por ciento de participación privada y un plazo de 10 años en la concesión”, criticaron.
Además, denunciaron que “en el actual proceso, el plazo de la concesión se ha duplicado a 20 años, por lo que es mayor el beneficio para el privado en cuanto a plazo y canon y, por consiguiente, mayor perjuicio para el Estado y los trabajadores”.
“Exigimos se evite que a través de los excesivos canones ofrecidos, se financien obras privadas que a la postre quedarán en poder de los operadores, perjudicando notoriamente las arcas estatales. Instamos al Directorio del IPJyC conducido por la doctora Ida López tenga en cuenta, a la hora de resolver, los intereses del estado provincial y de los trabajadores del Instituto, dado que constituye su principal responsabilidad como funcionaria publica en el cargo que ejerce”, indica el comunicado, firmado por Martín Caín, secretario general de UPJCM.
