Loterías municipales en Brasil: STF habilita a tres entidades y al Estado de Paraná a participar en la causa judicial
El Supremo Tribunal Federal aceptó que asociaciones del sector, una confederación empresarial y un gobierno estatal actúen como amicus curiae en el proceso. La acción busca suspender las normas municipales hasta que se resuelva la disputa sobre competencias legislativas.
Brasil.- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la participación de la Asociación Nacional de Loterías Municipales y Estatales (Analome), la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), la Confederación Nacional de Servicios (CNS) y el Estado de Paraná como amicus curiae en la causa que discute la constitucionalidad de las loterías creadas por municipios.
La acción fue presentada por el partido Solidariedade, que sostiene que la competencia para legislar sobre loterías y apuestas corresponde exclusivamente a la Unión. Según la demanda, numerosos municipios han implementado sus propios sistemas de apuestas deportivas y juegos online sin cumplir con las reglas federales establecidas por el Ministerio de Hacienda.
Entre las ciudades mencionadas figuran São Paulo, Campinas, Guarulhos y São Vicente (SP); Belo Horizonte (MG); Porto Alegre y Pelotas (RS); Foz do Iguaçu (PR); Anápolis y Caldas Novas (GO); Bodó (RN) y Miguel Pereira (RJ). Solidariedade reclama que todas las legislaciones municipales sean suspendidas de forma cautelar, alegando disparidades en los requisitos: mientras la Unión exige R$ 30m (USD5,5m) para concesiones nacionales, algunas alcaldías adjudicarían licencias por apenas R$ 5.000 (USD918).
El ministro relator Nunes Marques fundamentó su decisión en la importancia de “pluralizar los actores en la jurisdicción constitucional” para garantizar un debate más amplio. No obstante, rechazó el pedido de participación de Bethanus Assessoria Empresarial Ltda. por considerar que no posee representatividad nacional suficiente.
Hasta el momento, el STF no ha suspendido las operaciones de las loterías municipales. Marques solicitó información adicional a las autoridades responsables, a la Abogacía General de la Unión y a la Procuraduría General de la República antes de decidir sobre medidas cautelares.
El proceso, que se tramita bajo la Reclamación de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF) 1212, aún no tiene fecha de resolución y podría definir de manera definitiva quién tiene la competencia para legislar y fiscalizar el sector en Brasil.
