Las casas de apuestas brasileñas deberán alertar sobre el uso indebido de planes sociales en apuestas
Una decisión preliminar obliga a las casas de apuestas a informar a los usuarios sobre la prohibición de utilizar recursos de programas sociales como Bolsa Família y BPC en juegos.
Brasil.- La Justicia Federal de São Paulo ordenó que todas las plataformas de apuestas online incluyan, en sus sitios web y en toda comunicación publicitaria, avisos visibles advirtiendo sobre el uso de recursos procedentes de programas sociales, como Bolsa Família y el Benefício de Prestação Continuada (BPC), para financiar apuestas, y otorgó un plazo de 45 días para su cumplimiento.
La resolución, firmada el 13 de junio por el juez Gabriel Hillen Albernaz Andrade, corresponde a un reclamo de las ONG Educafro y el Centro de Defensa de la Niñez y la Adolescencia Mônica Paião Trevisan, que defienden los derechos de poblaciones vulnerables y demandan acciones concretas contra la explotación financiera de familias en situación de pobreza. El fallo alcanza a la Unión, a los sitios de apuestas y al Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR).
Además de las advertencias, las ONG solicitaron que se obligue a las casas de apuestas a bloquear el acceso de los beneficiarios, compartiendo datos oficiales (como el CPF) con las plataformas, lo cual exigiría nueva autorización judicial y coordinación del Ejecutivo.
En abril pasado, el Gobierno federal anunció la prohibición de que los beneficiarios de Bolsa Família y del BPC participen en apuestas online, en cumplimiento de una decisión previa del Supremo Tribunal Federal (STF). Frei David, director ejecutivo de Educafro, señaló que la decisión “revela la inaceptable demora del Estado en proteger a las personas en situación de hipervulnerabilidad frente a mecanismos predatorios que se apropiaron de miles de millones de reales destinados a la protección social”.
Este fallo llega en un contexto de creciente preocupación en Brasil por el impacto de las apuestas en la población mas vulnerable. En noviembre de 2024, el STF confirmó medidas que prohíben a los beneficiarios de programas sociales apostar online y restringen la publicidad dirigida a menores, tras revelarse que estos hogares gastaron cerca de R$3.000m (USD548m) en un solo mes, el equivalente al 20 por ciento de las transferencias del programa, según datos del Banco Central.
