La SCJ de Chile refuerza prohibición de apostar para funcionarios que custodian fondos públicos
La Superintendencia ofició a municipalidades y organismos públicos para recordar la norma establecida en la Ley N°19.995, tras casos que han puesto en tela de juicio su cumplimiento.
Chile.- La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) emitió un oficio dirigido a todas las municipalidades y organismos públicos del país, con un mensaje contundente: las y los funcionarios públicos y municipales que custodian fondos públicos tienen prohibido apostar en casinos de juego. Esta advertencia, basada en el artículo 10° de la Ley de Casinos N°19.995, busca reforzar una normativa que protege el patrimonio estatal y que, en los últimos años, ha sido cuestionada por casos de incumplimiento.
La medida no es nueva, pero su reiteración responde a la necesidad de garantizar que quienes manejan recursos fiscales actúen con absoluta transparencia y responsabilidad. Según la legislación, la infracción a esta prohibición acarrea multas que van de tres a quince unidades tributarias mensuales, además de posibles consecuencias laborales graves, como la terminación del contrato o la destitución del cargo. Este recordatorio llega en un contexto donde la Contraloría General de la República (CGR) también ha puesto el foco en esta norma, tras el caso de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio.
El caso de Osorio, quien ejerció como alcaldesa entre 2016 y 2024, marcó un precedente reciente. La exautoridad fue sancionada por la SCJ por apostar en casinos, infringiendo las Bases Generales para Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego. En su defensa, Osorio argumentó que su labor se limitaba a administrar fondos municipales, no a custodiarlos. Sin embargo, la CGR desestimó este planteo en su pronunciamiento del 24 de febrero de 2025 (documento N° E30528), aclarando que administrar implica una responsabilidad directa sobre los recursos, lo que incluye su custodia.
La Contraloría, en su análisis, subrayó que el objetivo de la prohibición es evitar cualquier riesgo que comprometa el patrimonio público. “Administrar incluye ordenar, disponer y organizar, especialmente la hacienda o los bienes”, señaló el organismo, reafirmando que quienes desempeñan estas funciones deben abstenerse de actividades como el juego en casinos. Este criterio no solo aplica a Osorio, sino que se extiende a todos los empleados públicos que manejen bienes o fondos estatales, según lo establecido previamente en el dictamen N° E33653 de 2020.
El caso de la exalcaldesa de Nogales trasciende esta infracción, ya que Osorio enfrenta además acusaciones por estafa reiterada entre 2015 y 2019, formalizadas por la Fiscalía de Valparaíso en 2022. Este historial ha intensificado el escrutinio sobre la conducta de los funcionarios públicos, llevando a las autoridades a endurecer su postura. La SCJ y la CGR coinciden en que no hay margen para interpretaciones flexibles cuando se trata de proteger los recursos que pertenecen a la ciudadanía.
Con este nuevo oficio, la Superintendencia busca enviar un mensaje claro: el cumplimiento de la Ley de Casinos es innegociable. Las sanciones, tanto económicas como laborales, están diseñadas para disuadir cualquier comportamiento que ponga en jaque la integridad de los fondos públicos. En un momento donde la confianza en las instituciones es clave, esta advertencia reafirma el compromiso de las autoridades con la transparencia y la correcta gestión del erario nacional.
