La Provincia de Buenos Aires aprueba el proyecto que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a casinos

La Provincia de Buenos Aires aprueba el proyecto que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a casinos

La iniciativa del diputado Germán Di Cesare recibió sanción definitiva en el Senado bonaerense.

Argentina.- El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto presentado en la Legislatura bonaerense por el diputado Germán Di Cesare, de Unión por la Patria, que prohíbe el ingreso a bingos y casinos a personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Buenos Aires se sumó a San Juan y Salta, que también sancionaron este año las leyes que impiden el ingreso de deudores alimentarios a salas de juego.

La medida busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones económicas vinculadas a la manutención de hijos e hijas y se suma a las herramientas ya vigentes desde el Poder Judicial.

La norma habilita al Ejecutivo provincial a implementar los procedimientos necesarios para que los establecimientos identifiquen a las personas alcanzadas por la restricción, en articulación con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La propuesta alcanza a quienes se encuentren incluidos en el RDAM por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, criterio ya establecido por la Justicia bonaerense para determinar la morosidad alimentaria.

La ley exige que el personal de casinos, salas de juego y bingos sea el encargado de impedir el acceso a estas personas, y que el Ejecutivo supervise el cumplimiento adecuado de la normativa, lo que configurará un esquema conjunto de responsabilidad entre los establecimientos de juegos de azar y las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Las sanciones van desde apercibimiento; clausura temporaria; y clausura definitiva, de acuerdo a la gravedad y reincidencia.

Germán Di Cesare, autor del proyecto.

La iniciativa se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código Civil y Comercial, que fijan la responsabilidad compartida de los progenitores en la crianza y el desarrollo de los menores. Al impedir el acceso a espacios de apuestas, la ley busca priorizar las responsabilidades esenciales sobre gastos de entretenimiento y reducir situaciones de incumplimiento.

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