La legalidad como motor del desarrollo: una agenda para el nuevo Gobierno y el futuro de la industria del juego en Colombia
En esta columna exclusiva para Focus Gaming News, la presidenta ejecutiva de CORNAZAR, Elízabeth Maya Cano, plantea una agenda de trabajo conjunta con el nuevo Gobierno de Colombia para fortalecer la legalidad, modernizar el marco regulatorio y consolidar el desarrollo sostenible de la industria del juego.
Opinión.- La elección del presidente Abelardo de la Espriella marca el comienzo de una nueva etapa para Colombia. Más allá del cambio político, representa la oportunidad de construir consensos que permitan fortalecer sectores estratégicos de la economía mediante reglas claras, instituciones sólidas y una visión de largo plazo.
Para la industria de los juegos de suerte y azar, este nuevo escenario invita a pasar de la discusión coyuntural a la construcción de una verdadera política pública que reconozca el valor económico y social del sector.
Durante años, la industria legal ha demostrado ser un aliado del Estado. Miles de empresarios, desde pequeños establecimientos hasta grandes operadores, han invertido en tecnología, innovación, ciberseguridad, sistemas de administración de riesgos, programas de juego responsable y mecanismos de control que hoy convierten a Colombia en uno de los mercados más desarrollados de América Latina.
Cada establecimiento legal representa empleo formal, inversión privada, desarrollo regional y recursos permanentes para financiar la salud de millones de colombianos. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos que no pueden seguir abordándose de manera aislada.
La ilegalidad continúa creciendo en distintas modalidades; la transformación tecnológica exige regulaciones más dinámicas; persisten barreras para la inclusión financiera; y la incertidumbre regulatoria limita la capacidad de inversión de muchas empresas. A ello se suma la expectativa de nuevas reformas tributarias.
La experiencia internacional demuestra que una presión tributaria excesiva sobre los operadores legales no necesariamente incrementa el recaudo del Estado. Por el contrario, cuando los costos de la formalidad superan la capacidad competitiva de las empresas, aumenta el riesgo de migración hacia mercados ilegales que no pagan impuestos, no cumplen obligaciones regulatorias y no ofrecen garantías a los consumidores.
Combatir la ilegalidad exige mucho más que controles; requiere construir un ecosistema donde ser legal resulte competitivo. Ello implica revisar integralmente la política tributaria, actualizar la regulación, fortalecer la supervisión tecnológica, mejorar los mecanismos de bloqueo a la oferta ilegal, avanzar en inclusión financiera y promover campañas permanentes de educación para que los ciudadanos identifiquen la diferencia entre operadores autorizados y plataformas clandestinas.
Es el momento de revisar las normativas vigentes para los concesionarios de juegos de suerte y azar.
Después de más de dos décadas de vigencia, Colombia podría tener la oportunidad de revisar integralmente el marco normativo de los juegos de suerte y azar. No se trata de desmontar un modelo exitoso; se trata de actualizarlo para responder a una industria completamente distinta a la de hace años. La digitalización, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de negocio, la interoperabilidad tecnológica y la convergencia entre diferentes modalidades de juego requieren un marco jurídico moderno que incentive la innovación sin sacrificar el control estatal.
La modernización normativa debe construirse escuchando a quienes conocen el funcionamiento del mercado y revisando las disposiciones vigentes. Los gremios, los operadores, la academia, los laboratorios, los proveedores tecnológicos y las entidades del Estado deben participar en un diálogo técnico que permita adoptar decisiones basadas en evidencia y no únicamente en necesidades fiscales de corto plazo.
CORNAZAR extiende la mano al nuevo gobierno
Desde CORNAZAR queremos enviar un mensaje claro al Gobierno Nacional: no llegamos únicamente con preocupaciones, llegamos con propuestas. Queremos trabajar junto al nuevo Gobierno en la construcción de una agenda nacional para fortalecer la legalidad. Creemos firmemente que el diálogo institucional produce mejores resultados que la confrontación. Nuestro compromiso es aportar conocimiento técnico, experiencia regulatoria y la visión de cientos de empresarios que diariamente cumplen la ley y generan desarrollo para Colombia.
Proponemos trabajar conjuntamente en cinco grandes prioridades:
- La simplificación regulatoria, revisión y consolidación del marco normativo aplicable al sector: revisión integral y actualización del compilado normativo de los juegos de suerte y azar, con el propósito de consolidar un marco regulatorio unificado, moderno, coherente y de fácil aplicación, que fortalezca la seguridad jurídica, elimine duplicidades normativas, simplifique procesos y promueva la competitividad, la innovación, el juego responsable y la lucha contra la ilegalidad.
- Una Política Nacional Integral contra la Ilegalidad: desde CORNAZAR proponemos que la lucha contra la ilegalidad deje de ser una suma de acciones aisladas y se convierta en una verdadera política pública integral, con objetivos claros, responsabilidades definidas y un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado. Solo así será posible proteger a los operadores legales, fortalecer la confianza de los ciudadanos y garantizar que los recursos generados por la industria continúen financiando la salud y el desarrollo del país.
- La inclusión financiera como fortaleza de la legalidad: un operador legal que tiene acceso al sistema financiero puede invertir, generar empleo, modernizar su operación, fortalecer sus controles y ofrecer mayores garantías al Estado y a los ciudadanos. La exclusión financiera, por el contrario, limita el crecimiento del mercado regulado y puede favorecer la informalidad.
- El juego responsable como compromiso ético y social de la industria: en CORNAZAR creemos que una industria sostenible no solo se mide por su crecimiento económico, sino también por su capacidad para proteger a los jugadores, fortalecer la confianza ciudadana y generar valor para la sociedad. Consolidar el juego responsable como una política pública permanente es fundamental para garantizar el desarrollo equilibrado del sector y preservar la legitimidad de la actividad.
- El impulso a la innovación tecnológica y la transformación digital: la innovación tecnológica no debe verse únicamente como una obligación del empresario; debe convertirse en una política pública que incentive la inversión, fortalezca la competitividad y promueva la formalización. Cada peso invertido en tecnología mejora la transparencia, incrementa la capacidad de supervisión del Estado, robustece la lucha contra la ilegalidad y genera mayor confianza para los ciudadanos. Por ello, proponemos que el nuevo Gobierno incorpore incentivos tributarios y financieros que aceleren la transformación digital de la industria y consoliden un ecosistema de innovación sostenible.
Estas prioridades no buscan beneficiar únicamente a la industria; buscan fortalecer un sector que financia la salud, genera empleo formal, promueve la inversión y aporta al crecimiento económico del país.
Un nuevo diálogo entre Estado e industria
Durante muchos años, la industria del juego ha sido observada principalmente desde su capacidad para generar ingresos fiscales. Sin desconocer esa realidad, es momento de ampliar la conversación. También debe reconocerse su aporte en la generación de empleo, la formalización empresarial, la innovación tecnológica, la prevención de riesgos LAFT/FPADM, la responsabilidad social y el desarrollo regional.
Los operadores legales cumplen con exigentes estándares de transparencia, realizan cuantiosas inversiones y sostienen miles de empleos en todo el territorio nacional. Esa realidad debe ocupar un lugar central en la formulación de las políticas públicas.
Mirando hacia el futuro
Soy optimista. Veo una industria madura, resiliente, comprometida con la legalidad y preparada para afrontar los desafíos de los próximos años; con honor, me siento orgullosa de representarla. También veo un Gobierno que tiene la oportunidad de construir una relación diferente con el sector productivo.
Si logramos establecer un diálogo permanente entre el nuevo Gobierno, el regulador, los empresarios y los gremios, Colombia podrá seguir consolidándose como uno de los mercados de juego más sólidos de América Latina.
Desde CORNAZAR reiteramos nuestra total disposición para trabajar de manera articulada con el presidente Abelardo de la Espriella, con el vicepresidente José Manuel Restrepo, con su equipo de Gobierno y con todas las instituciones del Estado.
Porque cuando la legalidad se convierte en una política de Estado, gana la industria, gana la inversión, gana la salud pública y gana Colombia.
