La Justicia chilena admite querella contra el proyecto Casino Dreams en Talca
La Justicia dio curso a la acción presentada por Bio Eco Terra por presunta elusión del sistema ambiental y posibles daños a un acuífero, mientras avanzan las obras y crecen los cuestionamientos sobre el control regulatorio.
Chile.- El proyecto “Parque Ferial del Maule – Casino Dreams Talca” sumó un nuevo revés judicial luego de que el Juzgado de Garantía de Talca declarara admisible la querella criminal presentada por la organización ambiental Bio Eco Terra, en el marco de la controversia por su desarrollo en las cercanías del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y el estero Piduco.
La decisión del tribunal habilita el inicio de una investigación penal para determinar eventuales responsabilidades asociadas a la ejecución de la iniciativa sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en un contexto marcado por denuncias de información contradictoria y riesgos sobre el sistema hídrico de la zona. El nuevo proceso judicial se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre la iniciativa. En enero, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó una Orden de No Innovar solicitada por la misma organización ambientalista, lo que permitió que las obras continuaran pese a los señalamientos por eventuales riesgos sobre el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y el Estero Piduco.
La acción judicial, dirigida contra la Sociedad de Ríos Claros S.A., titular del proyecto, además de funcionarios públicos y otros posibles responsables, se centra en una presunta elusión del SEIA. Según los antecedentes, durante la tramitación ambiental se informó que las excavaciones no superarían entre 1,4 y 1,6 metros de profundidad, argumento clave para descartar impactos sobre el acuífero.
Sin embargo, documentación posterior, incluyendo antecedentes presentados por la propia empresa ante tribunales, daría cuenta de excavaciones cercanas a los 3 metros, lo que duplicaría lo informado originalmente y pondría en cuestión los fundamentos técnicos que permitieron excluir el proyecto de evaluación ambiental.
En paralelo, informes previos de la Dirección General de Aguas (DGA) ya advertían sobre la sensibilidad del terreno, caracterizado por napas subterráneas superficiales y su conexión con el humedal cercano, lo que, según el organismo, configuraba condiciones suficientes para exigir el ingreso obligatorio al SEIA.
Pese a estas advertencias, el proyecto avanzó sin evaluación ambiental y actualmente se encuentra en ejecución, lo que ha intensificado las críticas tanto hacia la empresa como hacia los organismos públicos involucrados en su aprobación, entre ellos el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
La querella busca esclarecer posibles delitos vinculados a la entrega de información incompleta o contradictoria a la autoridad, así como la eventual ejecución de obras que debieron someterse a evaluación ambiental. Asimismo, pone el foco en el rol de las instituciones que participaron en la tramitación del proyecto, en medio de cuestionamientos sobre la eficacia de los controles regulatorios.
Fiscalización en curso por posible intervención del acuífero
En este contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ofició a la Dirección General de Aguas para que realice una fiscalización en terreno tras una denuncia por eventual intervención del acuífero en el área de construcción.
El requerimiento se apoya en antecedentes técnicos que indican que el terreno corresponde a una zona de recarga de un acuífero libre, con niveles freáticos superficiales, lo que lo vuelve particularmente vulnerable a intervenciones como excavaciones profundas, drenajes o rellenos.
La fiscalización, sin embargo, se produce cuando las obras ya están en marcha, lo que ha sido calificado por organizaciones ambientales como una reacción tardía frente a posibles impactos ya generados.
