La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico estima un déficit de USD14.8m por la nueva Ley de Máquinas de Juegos de Azar
El organismo emitió un comunicado con críticas a la ley reglamentada en febrero.
Puerto Rico.- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lanzó una nueva advertencia al gobierno de Puerto Rico criticando la Ley 116, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi que enmienda la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”. Según el organismo, la norma aprobada afectaría la recaudación del gobierno, sin presentar alternativas para reemplazar la pérdida de ingresos que vería el fisco.
La nueva norma se reglamentó con el objetivo de garantizar a los retirados de la Policía de Puerto Rico un pago de al menos un 50 por ciento de sus pensiones. Sin embargo, desde la JSF alegan que las nuevas disposiciones resultarán en una reducción de USD14m al fisco.
El gobierno, sin embargo, aseguró que la ley es beneficiosa en su repartición y que la medida no tendría el impacto fiscal que alega la JSF.
De acuerdo con la Ley 116 de 2023, cuando las tragamonedas produzcan ingresos sobre los USD315m, el porcentaje para los casinos y dueños de tragamonedas será mayor que antes.
El análisis de los defensores de la legislación es que, con el nuevo modelo de distribución de los ingresos por tragamonedas, los presupuestos que reciben dinero de tales juegos –como es el caso de la Universidad de Puerto Rico– aumentarían sus ingresos porque la fórmula se basaría en los recaudos brutos y no en los recaudos netos.
Sin embargo, en una carta de la JSF enviada el pasado lunes 10 de junio a los representantes del gobierno el pasado lunes, el director ejecutivo del organismo fiscal, Robert Mujica, advirtió que la ley no solo tiene un impacto en el fisco, sino que aumenta los ingresos de los dueños de tragamonedas y casinos.
Específicamente, la carta indica: “Basado en el análisis de la (JSF), esta ley reduce la tajada del gobierno sobre los ingresos de las tragamonedas en USD14.8m por año. La ley no identifica una fuente viable para reemplazar esta pérdida de dinero, ya sea a través de aumentos en los recaudos o recortes en los gastos” y agrega que por lo tanto, “la Ley 116 es inconsistente con el Plan Fiscal y viola la Ley Promesa”.
En su misiva, el director ejecutivo expresa que dicha normativa no debe ser implementada por el gobierno, a menos que sea enmendada para corregir el desfase presupuestario que provocaría.
“La ley no puede ser implementada según fue aprobada y debe ser enmendada antes de ponerla en vigor, para asegurar que el gobierno identifique cómo va a cubrir este costo”, dice la carta. “Además, para ayudar a aumentar o preservar los ingresos del gobierno, la ley debe ser enmendada para asegurar que el aumento en la tajada de los operadores de tragamonedas se dedique a financiar la compra de nuevas tecnologías y modernizar las máquinas existentes”.
Ver también: Puerto Rico: la industria del juego recaudó USD 186m en 2023
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz, dijo en declaraciones escritas que la agencia conoce el impacto que tendrá la implementación de la ley.
“La Aafaf está totalmente consciente del impacto que tiene la implementación de la Ley 116-2023 sobre los recaudos del gobierno y la Universidad de Puerto Rico. Entendemos que dicha ley, aun cuando modifica la fórmula de distribución, no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, debido a que los ingresos previstos en el plan son mucho menores que los recaudos actuales de las tragamonedas”, dijo Marrero según informó el medio local El Nuevo Día.
Asimismo, agregó que “los recaudos actuales de las máquinas tragamonedas exceden significativamente los estimados de la (JSF) todos los años. Debido a que el desempeño de las tragamonedas ha sido tan exitoso en los últimos años, el gobierno ha incrementado sus ingresos correspondientes”. Insistió en que la ley significa una aportación millonaria para la UPR.
De acuerdo con Marrero, el ente fiscal del gobierno sí discutió con la JSF, el cambio en la forma de estimar las aportaciones del sector de juegos de azar.
“En resumen, nuestra posición es que, aunque se reduce la potencial participación del gobierno, esto no es inconsistente con el Plan Fiscal, ya que los recaudos actuales están muy por encima de los estimados incluidos en el plan fiscal. Por esta razón, la distribución adicional está por encima de lo que el Plan Fiscal ya proyecta”, enfatizó Marrero Díaz.
La JSF, sin embargo, criticó que la aprobación de la Ley 116-2023 no llegara acompañada de la certificación requerida por la Ley Promesa, por lo cual, el organismo reclamó al gobernador Pierluisi que entregue la certificación antes del próximo 25 de junio.
“La Ley Promesa impide a la Legislatura implementar una reprogramación de fondos sin una autorización previa de la junta. Esa autorización no ha sido solicitada ni ofrecida por la (JSF)”, agregó el director ejecutivo del organismo.
