La industria entra en huelga

La industria de juegos de azar argentina anunció un paro y movilización al Congreso.
La industria de juegos de azar argentina anunció un paro y movilización al Congreso.

Hay incertidumbre por la asistencia social y los más de 20 mil puestos de trabajo que brinda la industria.

Argentina.- Luego de que el gobierno nacional diera un paso adelante con la creación de un impuesto a los juegos de azar, el gremio de la industria ALEARA anunció un paro por tiempo indefinido desde hoy. La medida de fuerza es apoyada por las empresas de juego. Por otro lado, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) publicó un comunicado que alerta sobre las posibles consecuencias negativas del nuevo impuesto.

Los bingos, salones de apuestas y casinos cerraron sus puertas a primera hora del lunes y la actividad no se retomará hasta que el gobierno decida renegociar la situación. Además, mañana martes, los representantes de la industria planean movilizarse hasta el Congreso para exigir el freno a la implementación de la nueva medida. El mayor temor del gremio es la incertidumbre respecto a los 20 mil puestos de trabajo que generan los centros de juegos de azar.

Mientras tanto, el Congreso tiene previsto debatir y avanzar con el nuevo impuesto, que exigirá el pago de $0,75 pesos fijos por cada apuesta realizada, además de un canon de $40 mil pesos anuales por cada una de las 80.000 tragamonedas legales del país. Paralelamente, la Provincia de Buenos Aires también sugirió aumentar el impuesto al juego un 2 por ciento.

“El efecto directo e inmediato que este impuestazo generara es la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo, el peligroso incremento del juego ilegal y clandestino y en definitiva una menor recaudación por parte del Estado Nacional así como también de los Estados Provinciales”, alertó la Cámara Argentina de Salas de Casinos y Bingos y Anexos en un comunicado. Por su parte, ALEA publicó un listado de consecuencias del impuesto, entre las que se encuentran la disminución de los fondos destinados a ayuda social y la pérdida de rentabilidad de las empresas privadas.