La Iglesia y sectores políticos presionan al Senado argentino por el tratamiento de la ley de juego online y prevención de la ludopatía
La Comisión Episcopal de Pastoral Social y el diputado Maximiliano Ferraro reclamaron al Senado que avance antes de fin de mes con el proyecto que busca establecer un marco nacional para las apuestas online y nuevas herramientas de prevención.
Argentina.- La discusión por la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación del Juego Online sumó esta semana nuevas voces que piden acelerar su tratamiento en el Senado antes de que la iniciativa pierda estado parlamentario. Tanto la Comisión Episcopal de Pastoral Social como el diputado nacional Maximiliano Ferraro insistieron en la necesidad de que la Cámara Alta defina si dará curso al proyecto aprobado en Diputados hace casi un año.
La Pastoral Social, encabezada por el obispo de La Rioja, Dante Braida, expresó su “preocupación” por la falta de tratamiento en el recinto, pese a que el texto cuenta con media sanción y ya obtuvo moción de preferencia. En una carta abierta, la entidad pidió “voluntad política” para debatir una propuesta que, según remarcan, apunta a actualizar reglas de juego en un ecosistema digital en rápida expansión.
El organismo religioso, que recientemente organizó un conversatorio con especialistas, alertó sobre la urgencia de consensuar un marco regulatorio nacional que complemente la normativa vigente en las provincias y fortalezca las políticas de prevención. “No podemos tirar por la borda el esfuerzo realizado y los acuerdos alcanzados”, expresó la comisión, advirtiendo que la finalización del período de sesiones ordinarias podría demorar nuevamente un debate que lleva meses abierto en comisiones.
En paralelo, el diputado Maximiliano Ferraro publicó una columna de opinión en la que instó al Senado a avanzar con la iniciativa. El legislador recordó que la norma propone herramientas como sistemas de verificación de identidad, límites de gasto, un registro nacional de autoexclusión y mayores sanciones contra las plataformas ilegales. Además, subrayó que el proyecto fija pautas claras en materia de comunicación comercial y prácticas de captación, buscando homogeneizar criterios entre jurisdicciones y reforzar la supervisión estatal.
El reclamo se suma al planteado semanas atrás por un grupo de diputados de la Coalición Cívica, bloque que integra Ferraro, que había pedido que el Senado priorizara el proyecto frente a la posibilidad de que pierda vigencia. En los últimos meses, el texto fue analizado junto a otras 28 propuestas en reuniones plenarias de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia, donde expusieron especialistas, representantes de empresas tecnológicas, organizaciones del deporte, sindicatos, jóvenes y actores de la industria del juego.
Para los operadores formales del sector, la discusión legislativa también es clave: una regulación nacional permitiría ordenar criterios, reforzar la distinción entre oferta legal e ilegal y dar mayor previsibilidad a un mercado que ya opera bajo marcos provinciales. La expectativa está puesta en si el Senado logrará consensuar un dictamen que habilite su tratamiento en el recinto antes de fin de mes.
