Por qué la Hacienda española no autoriza licencias de loterías nuevas desde 2019
La última década tuvo uno de los peores números hasta ahora en relación a la asignación de licencias.
España.- Según una resolución publicada en el Portal de Transparencia, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, dependiente directamente del Ministerio de Hacienda, no concede licencias de apertura en España para administraciones de lotería desde hace seis años, siendo las últimas asignadas en 2019.
Si se toma como referencia la última década, solamente se asignaron 33 nuevas licencias, y todas previas al 2020. Estas ocurrieron casi todas bajo el gobierno del ex presidente Mariano Rajoy, siendo las provincias de Madrid (5), Las Palmas (3) y Vizcaya (3) las mas beneficiadas en este ránking. En este tiempo, no venció el plazo de duración pactado en ningún contrato de administraciones de lotería, por lo que no expiró ninguna licencia.
Sin embargo, el parate de asignaciones llega el conjunto con la llegada al Gobierno de la coalición del PSOE y Podemos y la creación del Ministerio de Consumo, posteriormente llamado Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las propuestas legislativas durante la gestión no favorecen a la industria de las apuestas y perjudica directamente a la recaudación de la Hacienda, lo que baja la recaudación de impuestos.
Las licencias otorgadas por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), organismo que regula el sector, son imprescindibles para abrir la administración de una lotería en España. Sin embargo, el acceso a estas licencias no es sencillo, especialmente porque el concurso público está paralizado desde 2019. En su momento, esta alternativa exigía requisitos estrictos y una competencia feroz, debido a la alta rentabilidad del negocio.
La opción más viable hoy en día es adquirir una licencia ya existente, un camino más rápido pero considerablemente más costoso. Según información de Madrid Diario, el precio de compra de una licencia varía según la ubicación y el volumen de ventas de la administración, situándose en un rango que oscila entre los EUR200.000 y EUR400.000. A ello se suman los gastos de adecuación del local, la inversión en equipamiento y, por supuesto, los impuestos correspondientes.
Este desequilibrio de asignaciones ocurre en el marco de una investigación de Audiencia Nacional a Jesús Huerta, presidente de Loterías del Estado, y a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por presunto amaño en los concursos públicos, diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales y se obtienen a través de concurso público.
La obtención de una licencia es un importante beneficio económico para quien la gane, ya que se destinan EUR25m al año a la gestión de las delegaciones comerciales. Considerando que pueden durar siete años, con posibilidad de prórroga a ocho, el gasto presupuestario asciende a EUR360m.
Sin embargo, los cargos de delegado suelen quedar dentro de las mismas familias, pasando de generación en generación. En muchos casos, quienes obtienen la concesión del contrato tienen algún vínculo de parentesco con el titular anterior.
Esta tendencia despertó suspicacias, pues sugiere que los concursos públicos, pese a ser abiertos en teoría, terminan beneficiando a ciertos allegados. Fuentes consultadas por medios locales sostienen que no es casualidad, sino el resultado de una falta de regulación estricta, lo que permitió manipular los procesos para que los beneficiarios sean siempre los mismos.
