Casinos ilegales en Concepción: la Municipalidad solicita a la Fiscalía una nueva investigación
La Municipalidad de Concepción pidió un proceso separado y más ágil que el juicio vigente desde 2023 por la misma causa.
Chile.- La Fiscalía deberá abrir una nueva investigación por casinos clandestinos en Concepción luego de que la justicia declarara admisibles seis querellas presentadas por la Municipalidad, en la región del Bío Bío. Desde el municipio esperan que esta indagatoria avance con mayor rapidez que la causa iniciada en 2023, que aún se encuentra en proceso legal.
Las querellas fueron ingresadas el sábado por la Dirección Jurídica del municipio, denunciando el delito de juegos de azar ilegales y clandestinos. Apuntan contra los responsables de seis establecimientos intervenidos en las últimas semanas, donde se incautaron cerca de 500 máquinas tragamonedas.
Desde el municipio esperan que estas nuevas acciones deriven en una investigación separada de la causa abierta hace dos años, con el objetivo de que el Ministerio Público actúe con mayor eficiencia. La pesquisa iniciada en 2023 incluyó grandes allanamientos en el centro penquista, el decomiso de 1.600 máquinas y la detención de 19 personas, y aún se encuentra en tramitación.
Los nuevos casos denunciados corresponden a locales clausurados que funcionaban sin patente en calles como Aníbal Pinto, Freire, Maipú y Rengo. Algunos eran administrados por ciudadanos chilenos y otros por ciudadanos chinos.
El abogado y jefe de la corporación edilicia, Rodrigo Díaz, explicó en Radio Bio Bio que el propósito de las querellas es sancionar a quienes continúan operando este tipo de locales pese a los procedimientos anteriores: «Hemos presentado estas querellas con el objeto de que se logre determinar la culpabilidad de los organizadores de estos delitos. Estas fueron declaradas admisibles y derivadas para continuar con la investigación».
En la misma línea, el concejal Miguel Ángel Berríos subrayó la necesidad de coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar a las organizaciones detrás de estos negocios, insistiendo en que existe evidencia suficiente sobre la ilegalidad de la actividad.
