La Corporación Meier acusa irregularidades en la licitación de la SCJ
El grupo peruano de casinos presentó su reclamo ante el Tribunal de Libre Competencia de Chile.
Chile.- Tras una audiencia convocada a efectos de entregar permisos para casinos en Chile, el mes pasado el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) le levantó el pulgar a 10 operaciones, lo que derivó en un conflicto con una de las empresas operadoras que se quedaron sin licencia.
Corporación Meier, un grupo peruano, abrió una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile, acusando una serie de irregularidades en torno a las bases de licitación de los últimos dos concursos de la SCJ que permitió la renovación de 10 de las 14 licencias ofertadas, según informa el medio local Diario Financiero.
El proceso de las plazas de Talca, San Antonio, Antofagasta y Rinconada quedaron pendientes y desde la Corporación aseguran que “las definiciones adoptadas en el proceso licitatorio por la SCJ repercuten en sus posibilidades de desafiar a Dreams, Enjoy y Marina”.
De acuerdo con lo planteado por los representantes de Corporación Meier, los abogados Andrés Fuchs y Nader Mufdi, en la demanda que fue admitida a mediados de septiembre, el problema más grave es que en el documento el regulador: “facilitan la colusión” y permite que se establezcan “injustificadamente” condiciones para un potencial abuso de dominancia.
Actualmente, el grupo peruano de entretenimiento tiene la concesión del casino ubicado en Talca y tiene una parte del Casino de Puerto Natales desde 1993. Sin embargo, aspira a ampliar su cuota de mercado en Chile con la adjudicación de San Antonio y continuar con la licencia de la capital regional de la VII Región
En el documento de 44 páginas, el grupo asegura que es un actor que busca posicionarse como un “agente relevante” en el sector de entretenimiento. Pero insiste que “las definiciones adoptadas en el proceso licitatorio por la SCJ repercuten en sus posibilidades de desafiar a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, los grandes operadores de esta industria, lo que dan cuenta de su interés por que las condiciones de competencia en los mercados relevantes indicados supra sean las más altas posibles”.
El objetivo del grupo peruano es que el TDLC suspenda los procesos de licitación abiertos para modificar las bases de licitación.
Entre los puntos cuestionados, explican que para obtener un permiso de operación, se debe alcanzar como mínimo el 60 por ciento de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en la evaluación técnica, y si pasa este ítem, el participante gana con la oferta económica más alta. Según los representantes de Corporación Meier, el problema se produce en la etapa técnica porque la revisión se hace de forma distinta, dependiendo de si se trata de una incumbente o un entrante.
Según revelaron, el reglamento permite a los operadores renovantes optar automáticamente por cumplir con el porcentaje total, y saltar directamente a la presentación económica. A esto se suma que el incumbente puede comprometer una inversión mínima, pero justificar que el 80 por ciento de ese monto son parte de obras existentes en función del avalúo fiscal. El resto se considerará parte del programa de obras nuevas, explicó Meier.
Un segundo conflicto planteado es que las bases de licitación contienen requisitos que dificultarían la participación de oferentes por la falta información que otorgan las autoridades para armar la ficha técnica. “Hay diversos factores para obtener puntaje en la evaluación de la oferta técnica, que dependen de criterios discrecionales de los entes que deben otorgarlos, lo que puede afectar las condiciones de certeza que eventuales postulantes requieren para decidirse a desafiar al incumbente”, aduce el grupo peruano.
Por último, la Corporación denunció que las bases del concurso no toman resguardos respecto de los riesgos coordinados que se presentan: “facilitan la colusión de otros agentes económicos”.
Desde Meier sostienen que les preocupa que a pesar de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encuentra analizando la fusión de Dreams y Enjoy, además de una investigación por posible colusión que incluye a las dos anteriores y a Marina del Sol, no existe ninguna cláusula que permita la suspensión de la adjudicación de licencias.
El grupo peruano citó en su escrito, que salió a la luz de la FNE en el marco de la fusión: “la operación implicaría la concentración de los dos principales actores de la industria que participan en dichos procesos de otorgamiento de licencias, una reducción en el número de competidores y un cambio en la estructura del mercado que, en principio, podrían hacer aún más creíbles eventuales estrategias de castigo ante desvíos de eventuales prácticas colusorias”.
Ahora, el TDLC solicitó a la SCJ, al Ministerio de Hacienda y a la FNE aportar antecedentes al proceso.
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