Intervención en el Casino Balear: Piden revisar la actuación de las funcionarias involucradas
Se solicitó a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la revisión de los acuerdos y resoluciones, ya que las empleadas podrían haber modificado informes de inspección de obras.
España.- En un escrito remitido el pasado 19 de febrero se insta a Cort a «iniciar la revisión de oficio de los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de la Gerencia de Urbanismo sobre los procedimientos que tengan como destinatarios a este promotor en los que hubieran intervenido dichas empleadas de la Gerencia que, en realidad, son todos los que afectan a la solicitud del permiso de instalación del casino».
Los hechos que dan lugar al reclamo del promotor del frustrado casino, que tras obtener licencia del Govern le fue denegada en su ubicación elegida por Cort, se remontan a las contradicciones manifiestas sobre la forma de proceder de ambas técnicas, en relación al expediente sobre la instalación del casino.
De acuerdo a la empresa, las dos técnicas «están contaminadas dada su manifiesta enemistad y al haber sido su conducta susceptible de reproche penal». Como se publicó en Focus días atrás (Ver Casino Balear sin licencia) se informó de dos documentos fechados el 24 de abril de 2014 y el 16 de enero de 2015 firmados ambos por las mismas personas, una arquitecta técnica y una celadora de la Gerencia, «absolutamente contradictorios entre sí».
Mientras en el primero de ellos las funcionarias afirman que en su visita de inspección efectuada el 24 de abril de 2014 «no se estaban realizando obras», en el documento de enero de 2015 afirman que esa visita de inspección efectuada el citado 24 de abril de 2014 (el mismo día) «no se pudo realizar ya que después de tocar a la puerta principal y al timbre ninguno se pudo personar a abrir».
Para Gran Casino Teatro Balear «es evidente que el segundo informe no solo contradice el anterior sino que ha sido expresamente redactado con la finalidad de justificar el expediente de infracción y restauración del orden urbanístico que ha dado lugar a la resolución de ese Consejo de Gerencia de Urbanismo de 17 de noviembre de 2015 actualmente impugnado».
Para la empresa lo sucedido y «la evidente contradicción entre los documentos señalados» podría perfectamente incurrir en el «tipo penal de falsedad de documento público lo que hace procedente que se suspendan todos los procedimientos donde hubieran intervenido estas celadoras recusadas».
Es por todo ello que se insta a la Concejalía de Urbanismo a que «se inicie de oficio el procedimiento de revisión de los actos y resoluciones que hubieran sido dictadas con intervención de las referidas funcionarias». Más allá de que Cort actúe o no, todo el procedimiento en cuestión está en manos de los tribunales.
