Influencers en la mira: la SCJ de Chile cuestiona la promoción de sitios de apuestas online a través de las redes sociales

Cruces entre la SCJ y la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea por la legalidad de las casas de apuestas.
Cruces entre la SCJ y la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea por la legalidad de las casas de apuestas.

Hernán Calderón Argandoña, César Huispe y Arturo Longton son tres influencers chilenos que comparten publicidades de casas de apuestas en sus redes.

Chile.- Autoridades de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) dijeron, durante una entrevista con el medio local Pulso PM, de La Tercera, que el organismo no cuenta con facultades de fiscalización para abordar la problemática de la promoción, por parte de influencers, de sitios de apuestas y casinos online a través de redes sociales.

Sin embargo, la SCJ denunció que estos sitios operan de manera ilegal e hizo un llamado a acelerar la tramitación del proyecto de ley que regulará la actividad.

La consulta surgió a raíz de la proliferación de publicidades de casinos online en las redes sociales de algunos de los influencers con más seguidores en Chile: Hernán Calderón Argandoña, César Huispe y Arturo Longton, son las personalidades de Instagram y YouTube que están en la mira por sus publicaciones. 

“Las plataformas de apuestas online operan de manera ilegal, no es posible hacer un análisis respecto del impacto económico en los casinos de juego. Lo que sí es grave es que exista una actividad que funcione al margen de la ley, sin pagar impuestos, lo que claramente genera una competencia desleal”, explicó un representante de la SCJ en diálogo con el programa Pulso PM.

Desde 2018 la Superintendencia han realizado 58 denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con 193 plataformas web que explotarían comercialmente juegos de azar en línea de manera ilegal. Cabe señalar que en 2024 se han presentado 10 denuncias, una de las cuales incluye a 135 páginas web.

“En nuestro país los juegos de azar constituyen una actividad económica que en principio es de naturaleza ilícita, que solo puede funcionar excepcionalmente, a través de una ley específica que los autorice y regule de manera detallada, como es el caso de la Polla Chilena de Beneficencia S.A., Lotería de Concepción S.A., los hipódromos y los casinos de juego”, afirmaron desde la SCJ.

Ver también: La Justicia chilena declara ilegal las publicidades de casas de apuestas en horario de protección de menores

Por su parte, Carlos Baeza, abogado de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y Betwarrior), explicó a Pulso PM que las apuestas en línea en Chile no están prohibidas y constituyen hoy un mercado no regulado. 

“En general, un principio básico de todo ordenamiento jurídico es que, en el marco del derecho privado, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Por el contrario, en el derecho público, solo está permitido aquello que está expresamente establecido en la ley. No existe ninguna disposición ni constitucional, ni penal ni civil que prohíba las apuestas en línea; por tanto, la afirmación que sostiene que son ilegales es completamente equivocada”, declaró Baeza.

Y agregó: “Esta afirmación, sostenida por la Superintendencia de Casinos de Juego, es solo eso, una afirmación, ya que este organismo jamás ha desarrollado las razones y fundamentos normativos que la sustenten. Simplemente se han limitado a señalar que “todos los juegos de azar en Chile están prohibidos, salvo que una ley expresamente los autorice”, afirmación que no solo es equivocada, sino que carece de sustento normativo alguno. Por otra parte, la Superintendencia de Casinos de Juego es un organismo cuyas atribuciones se limitan únicamente a los juegos de azar que se desarrollan dentro de los casinos de juego, nada más”.

Según Baeza, “la estimación que contiene el proyecto de ley de regulación habla de una recaudación cercana a los USD50m anuales. Las autoridades del Ministerio de Hacienda han corregido ese número en los últimos meses a cerca de USD90m anuales”. Y cerró: «Nosotros creemos que esta estimación de recaudación es insuficiente y que la industria debería aportar mucho más al Fisco una vez regulada. Más allá de la recaudación fiscal, una regulación adecuada es la única forma de generar una debida protección a los usuarios”.

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