Hípica Rioplatense abrirá una nueva sala de slots en Uruguay

El Ministerio de Economía y Finanzas habilitó a la empresa del grupo multinacional español Codere para abrir una sala en el shopping Nuevocentro.

Uruguay.- Tras una negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se inició a mitad de 2020, la empresa Hípica Rioplatense, del grupo multinacional español Codere, obtuvo la concesión para abrir una nueva sala de slots en el shopping Nuevocentro.

Hípica Rioplatense tiene la concesión de los dos principales hipódromos del país, sin embargo, esta nueva posibilidad de abrir una sala de slots despertó una polémica en Uruguay ya que las firmas del grupo Codere donaron USD9.000 a la campaña del presidente Luis Lacalle Pou en 2019, y el actual director nacional de Casinos, quien lideró la negociación, trabajó para Hípica Rioplatense entre 2016 y 2017, según informa el medio local La Diaria. 

De acuerdo con la información publicada por el diario charrúa, el debate se trajo a colación durante la última sesión de la Comisión de Hacienda cuando una delegación del MEF acudió para hablar acerca del proyecto de ley de juego online. 

El diputado Gustavo Olmos, del Frente Amplio (opositor al gobierno) cuestionó la modificación al contrato de concesión y planteó que se pactó “una mejora sustancial del negocio de la empresa en la que (el director nacional de Casinos, Gustavo Anselmi) trabajaba hasta asumir el cargo, sin negociar ningún beneficio para el Estado”.

La delegación del MEF, que integró Anselmi, defendió el cambio bajo el entendido de que una cláusula del contrato original habilitaba a negociar las condiciones si se alteraba “la ecuación económico-financiera” del negocio de los hipódromos y las cinco salas de slots que tiene Hípica Rioplatense –tres en Canelones y dos en Montevideo–. 

Esta queja fue planteada por la empresa tras la asunción del gobierno, al entender que se iba a ver perjudicada por una nueva sala que la Dirección Nacional de Casinos inauguró en el shopping Costa Urbana, debido a la cercanía con su sala de Pando.

El contrato con Hípica Rioplatense establece que, para compensar las inversiones en los hipódromos, la empresa tendrá habilitadas cinco salas de entretenimiento con slots, que arrienda al Estado bajo un régimen de explotación mixta. En 2015, por ejemplo, según publicó el semanario Brecha, la empresa cobró unos USD45m por el arriendo de las cinco salas, 40 por ciento de la recaudación.

“Estábamos en un problema por un incumplimiento contractual, entonces se hizo un estudio comercial y jurídico de cuáles eran nuestras posibilidades” y el gobierno resolvió permitir a Hípica Rioplatense dejar de operar una sala en Pando y habilitar un local en el Nuevocentro, explicó el funcionario. De esta forma, se busca “la recomposición” de la ecuación financiera de la empresa concesionaria, ante la eventual afectación por la nueva sala en el Costa Urbana, que al momento del reclamo aún no había sido abierta.

Según informaron, el nuevo local que construirá Hípica Rioplatense en el Nuevocentro tendrá “50 por ciento más de superficie” y “el doble de puestos” para apostar que la sala de Pando.

Sin embargo, Olmos cuestionó que  “se le otorga a la empresa un nuevo negocio mucho más lucrativo sin ninguna contraprestación, cambiando un criterio que ha sido histórico” de habilitar nuevas salas de juego a cambio de que los privados financien “obras públicas”.

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Por su parte, Anselmi rebatió diciendo que “de una contingencia se pasó a una gran oportunidad en la que el más favorecido es el Estado, con un aumento importantísimo de la recaudación” porque se expende el número de salas de apuestas. “Es cierto que Hípica Rioplatense tiene un beneficio, tiene que hacer una inversión en una nueva sala (que explotará en régimen mixto), pero cuando se dice que no se le pidió nada, en realidad era para solucionar un inconveniente que había”.

Asimismo, destacó que “la empresa desiste de cualquier reclamo por el incumplimiento del contrato”. A su vez, aclaró que no hubo “una amenaza” por parte del grupo multinacional, pero “si el Estado viola un contrato, tiene que solucionarlo, a no ser que no le importe y esté dispuesto a enfrentar una demanda”.

Pero Olmos insistió con su postura y dijo que es “insólito” que la propuesta de modificar el contrato haya surgido “de la propia Administración y por supuesto fue aceptada con sumo beneplácito por la empresa”. Según señaló, “se avanza en una negociación sin evidencia que respalde la hipótesis de la empresa, que los ingresos de la sala Géant se verían afectados, cosa que no podía determinarse cuando Costa Urbana no había sido abierta”.

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