Gremios del sector del juego paraguayo piden celeridad en la causa Conajzar
Se expresaron representantes de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, de Apoja y Apeja.
Paraguay.- La causa Conajzar que investiga al ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar y a otros seis acusados por supuestas irregularidades en la comisión, sigue frenada y desde el sector del juego se empiezan a impacientar.
La semana pasada se suspendió la audiencia preliminar prevista para los días 20, 21 y 22 de junio porque uno de los acusados recusó al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú y así logró dilatar una vez más la realización de la diligencia judicial.
Ante esta situación, representantes de los gremios del sector, manifestaron su disconformidad por la demora. En especial, teniendo en cuenta que uno de los acusados es Rubén Roussillón, que resultó electo como diputado en las últimas elecciones y el próximo 30 de junio debería jurar en la Cámara.
Aníbal Salomón, presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, habló con el medio local ABC Color y dijo: “Roussillón tiene que rendir cuentas a la Justicia” y agregó en referencia al nuevo cargo legislativo del acusado: “Si tiene que ser desaforado, pues hay que hacerlo”.
Por su parte, Adriana Gorchs, presidenta de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), también habló con el medio paraguayo y dijo: “Confiamos en la Justicia y si hay personas que tienen que rendir cuentas ante la misma, serán juzgados seguro, con o sin fueros. Hay herramientas para privar de sus fueros a los parlamentarios”.
En ese sentido, Gorchs agregó: “Estará en manos del Congreso quitar los fueros a las personas que se requieran hacerlo. Tenemos esperanza y confiamos en este nuevo gobierno, hasta ahora todo indica que estaremos mejor”.
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Lorena Rojas, titular de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), le dijo a ABC acerca de la situación judicial: ”El Ministerio Público en su siguiente paso procesal estaría pidiendo el desafuero de Roussillón. Nosotros como asociación tenemos el ojo puesto en esta causa”.
Respecto a las demoras en el proceso, Rojas dijo: “Necesitamos una condena. Vemos una suerte de sucesivas chicanas que finalmente pueden derivar en la prescripción de la causa” y remarcó que someterse al juicio es una forma de ejercer la defensa para determinar si tuvo participación o no, para no “quedarse con un estigma en su caracter de diputado por no haberse sometido a un proceso”.
Por último, la titular de Apoja cerró: “Nosotros necesitamos una condena que enseñe al empresario a ni siquiera intentar soluciones tan forzadas y contrarias al derecho, totalmente inconstitucionales y, sobre todo, carentes de un sentido social”.
El ex titular de la Comisión José A. Ortiz y la directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso, fueron acusados de lesión de confianza.
Los otros acusados en la causa son: Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, integrante y ex integrante, ambos en representación del Ministerio del Interior y Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA. En agosto se sobreseyó provisionalmente al ex procurador General de la República, Sergio Coscia.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de los tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.
La investigación de la fiscal María Estefanía González surge luego de la denuncia de los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey presentada ante el Ministerio Público de Paraguay el pasado agosto contra la Conajzar. Los senadores denunciaron presuntas irregularidades al momento de adjudicarle las operaciones de loterías a TDP, mientras que también acusaron a Conajzar de infringir la ley al permitir la operación de máquinas tragamonedas en salones que no son exclusivos de juegos y al conceder un descuento en los impuestos aplicados a las empresas de la industria.
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