Fecoljuegos advierte que las decisiones tributarias mal estructuradas podrían debilitar el mercado legal de Colombia
Evert Montero Cárdenas analizó el nuevo decreto que incorpora una tasa del 16 por ciento de impuesto al consumo para las apuestas online.
Colombia.- Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), alertó sobre el riesgo que enfrenta el sector debido al nuevo Impuesto Nacional al Consumo del 16 por ciento para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, decretado la semana pasada por el gobierno de Colombia.
Según el representante del gremio, las decisiones tributarias mal estructuradas podrían terminar debilitando al mercado legal y favoreciendo el crecimiento de la ilegalidad. En ese sentido, en una entrevista con el medio local Portafolio, Montero explicó que el problema del nuevo impuesto es que fija como hecho generador el depósito que hace el usuario en su cuenta, pero al mismo tiempo señala como base gravable el Gross Gaming Revenue (el ingreso real del operador: las apuestas realizadas menos los premios pagados), y advirtió que mezclar el depósito con el GGR introduce una “tensión técnica que genera incertidumbre jurídica y operativa para el sector”.
Y enfatizó: “Lo único que pedimos es que los impuestos estén bien diseñados, de acuerdo con la mecánica de los juegos y con el modelo económico del sector. La tributación debe construirse desde criterios técnicos, no desde apreciaciones políticas o cifras distorsionadas”.
Asimismo, Montero advirtió que cuando se grava mal al operador autorizado, el Estado no gana, el que gana es el ilegal. “Cuando crece la ilegalidad, se pierde el recaudo fiscal, se pierde el control, se pierde la protección de los usuarios y desaparece la trazabilidad de los recursos. Tampoco hay empleo formal ni responsabilidad empresarial”, dijo.
Por otra parte, el representante de Fecoljuegos develó que los empresarios sienten que cada semana enfrentan nuevas decisiones que afectan al sector sin un diálogo técnico previo. Y pidió: “Sentémonos en una mesa técnica y busquemos soluciones. Si hay que aportar más, estamos dispuestos a discutirlo, pero necesitamos un indicador de sostenibilidad que permita al sector seguir siendo competitivo. Porque si se afecta al operador legal, se termina favoreciendo al ilegal. Y eso no le conviene ni al Estado ni al país”.
Por último, Montero advirtió que la falta de estabilidad jurídica está afectando la inversión. “Ya hay empresas internacionales que han decidido salir del país porque no ven condiciones claras de sostenibilidad”, dijo a Portafolio y concluyó: “No se trata de evitar impuestos. Se trata de diseñarlos bien para que el sector pueda seguir operando y aportando a la economía”.
