España pide apoyo de la UE al decreto que limita el juego
La Unión Europea podría aprobar de urgencia el Real Decreto que impulsa el Ejecutivo español y que impone nuevas restricciones al juego.
España.- El gobierno español presiona para apurar lo más posible la aprobación del nuevo Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. La intención es que esté en vigor a fines de septiembre y es por eso que llevó el tema a Bruselas, ante la Unión Europea. Allí, España argumentó que el «extraordinario incremento del desempleo» que ha generado la pandemia hace a la gente más vulnerable al juego.
El Ejecutivo explicó que existe una «elevada probabilidad de adopción de medidas limitadas de aislamiento social dirigidas a evitar la potencial expansión de la enfermedad» en caso de «rebrotes puntuales» del Covid-19.
«Estas medidas implicarán necesariamente períodos de mayor permanencia en los domicilios y, consecuentemente, un incremento de las probabilidades de una mayor exposición a la publicidad que afectará gravemente» a los grupos a los que se quiere proteger con el decreto: colectivos vulnerables y menores de edad, indica el Gobierno.
Según dijo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en su última conferencia de prensa acerca de la legislación que planea presentar, «los niños entre 4 y 12 años han aumentado su consumo de televisión casi un 50% durante el estado de alarma».
Ahora, en la argumentación ante la UE, España dijo que la crisis provocada por la pandemia deriva en «una mayor probabilidad de adopción de conductas de juego orientadas a solucionar problemas económicos y un aumento del riesgo de surgimiento o agravamiento de comportamientos de juego problemático o patológico».
Bruselas tiene un plazo de quince días desde esa fecha para decidir si tramita de urgencia el Real Decreto.
El proyecto prohíbe la publicidad de las casas de apuestas salvo en la franja madrugada y sin excepciones para el fútbol.
Sin embargo, tal como denunciaron las empresas del juego, esta legislación, de aprobarse, discriminaría al sector privado en favor del juego público de Loterías del Estado y la ONCE, que podrán seguir anunciándose a cualquier hora, aunque con restricciones a sus mensajes publicitarios.
