Empresarios del juego implicados en malversación de fondos, en España
La Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales cree que patronal y sindicatos del sector del juego no han hecho un buen uso del dinero concedido para realizar campañas.
España.- La Justicia española investiga por estos días a gran parte del sector del juego de ese país. Es que según los medios nacionales, La Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales apunta a patronal y sindicatos del sector del juego por no haber destinado correctamente los fondos para ciertas campañas. En total, la Fundación reparte alrededor de 20 millones de euros para este tipo de planes de prevención que salen de las cotizaciones a la Seguridad Social.
La Fundación se ocupa de prevenir las consecuencias de ciertos malestares típicos del sector (ya sea en bingos, casinos, u otras modalidades): ruido, movimientos repetitivos, trabajo monótono, alteraciones del sueño, alteración de la vida social, estrés. Para informar de cómo prevenir estos riesgos, el sector del juego (en el que entran los bingos y las administraciones de lotería) tiene un plan de prevención impulsado por Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales.
Esta fundación de carácter público reparte los fondos para realizar estas campañas. Pero la Fundación cree que patronal y sindicatos del sector del juego no han hecho un buen uso del dinero concedido, hasta el punto de denunciarles por estafa y apropiación indebida. La Fundación investigó los planes de prevención de hasta seis sectores en la convocatoria de 2011 para comprobar que patronal y sindicatos habían utilizado bien los fondos. Finalmente, pidió el reintegro de al menos 2,12 millones de euros.
Lo cierto es que en el escrito de Fiscalía se sospecha que los visitadores técnicos de patronal y sindicatos (cada visita puede tener un valor de hasta 290 euros) se pusieron “de común y previo acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un beneficio económico” a cargo de la Fundación. La prevención de riesgos laborales se financia a través de una cuota en la cotización que las empresas pagan a la Seguridad Social. Las empresas están obligadas a evaluar los riesgos laborales y a elaborar e implantar planes y acciones preventivas en función del tipo de trabajo y del número de empleados con el que cuenten.
