El Tribunal Federal de Río de Janeiro definió que la regulación de los sitios de apuestas es responsabilidad exclusiva de la Unión
La jueza Geraldine Pinto Vital de Castro afirmó que el accionar de Loterj va más allá de los límites de la competencia estatal y viola el pacto federativo.
Brasil.- El Tribunal Federal de Río de Janeiro otorgó un amparo a Kambi, una de las mayores plataformas de apuestas deportivas del mundo, para poder operar sin sufrir sanciones en virtud del decreto estatal que regula este mercado. La decisión del 27º Juzgado Federal fue tomada por un auto de mandato presentado por Kambi, y tiene validez hasta que se dicte sentencia sobre el fondo de la acción.
La empresa apeló ante el Poder Judicial debido a un proceso administrativo abierto en su contra por la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj). Kambi cuestionó el decreto estatal 48.806, publicado el 21 de noviembre de 2023, que impone condiciones para la exploración de modalidades de lotería.
En su petición, la plataforma afirma que, con base en esta norma, el ejecutivo estatal pediría a Anatel bloquear los sitios de apuestas. Ahora, según decisión de la jueza federal Geraldine Pinto Vital de Castro, Loterj tiene prohibido realizar cualquier acto administrativo, el cual deberá ser suspendido hasta nueva deliberación del tribunal.
El fundamento es que la Constitución de la República establece que “es competencia exclusiva de la Unión legislar sobre los sistemas de consorcio y lotería”. El juez destacó que la regulación de esta actividad actualmente está establecida por la Ley Federal 14.790, de 2023.
En mayo de 2024, recordó la jueza, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda reglamentó un artículo de la ley, a través de una ordenanza que define criterios para que las empresas de este segmento operen en Brasil. La fecha límite para que las plataformas deportivas cumplan con la norma es el 31 de diciembre de este año.
“Por norma federal, la autorización para la explotación comercial de la modalidad de lotería por ‘apuestas’ ahora exige el cumplimiento de criterios relativos a las categorías de calificación jurídica, regularidad fiscal y laboral, idoneidad, calificación económico-financiera y calificación técnica”, describió Geraldine de Castro.
Con estas consideraciones, entendió que el Decreto 48.806/2023, “al intentar regular y sancionar este mercado, va más allá de los límites de la competencia estatal y viola el pacto federativo”.
