El PSOE insiste en la prohibición de nuevas casas de apuestas en Burgos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estableció que son las comunidades autónomas las que tienen competencias en materia de casinos, juegos de azar y apuestas en la planificación urbanística.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estableció que son las comunidades autónomas las que tienen competencias en materia de casinos, juegos de azar y apuestas en la planificación urbanística.

Desde el partido afirmaron que llevarán su exigencia al Pleno de la Junta de Castilla y León.

España.- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Burgos considera que aún se pueden adoptar medidas que limiten la apertura de nuevas casas de apuestas en las zonas residenciales tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por todos los grupos políticos en el pasado mandato que restringía las nuevas licencias de salas de juego en zonas residenciales.

El fallo del Supremo indicaba que el Ayuntamiento se extralimitó en sus competencias al no dejar margen regulatorio a la Junta de Castilla y León y que «no responde a los requisitos de proporcionalidad, ni coherencia».

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León establece que son las comunidades autónomas a las que se les atribuye las competencias en materia de casinos, juegos y apuestas sobre la planificación urbanística; es decir, que los Ayuntamientos no pueden generar planeamiento y regular usos sin antes pedir permiso a la Junta.

Ver también: España: Castilla y León anuncia nuevas regulaciones para el segundo semestre de 2024

El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, no comparte pero acata el criterio del Alto Tribunal, por lo que anunció que puede ser la Junta la que adopte medidas para limitar más presencia de nuevos locales y planteó que llevarán al Pleno del mes de septiembre una proposición para instar a la Junta, que es la competente en la regulación de las casas de apuestas. Algo que puede hacer cambiando la actual legislación, modificada recientemente y que, según De la Rosa, no es nada restrictiva, ya que, dice, se limita a establecer una distancia mínima de 150 metros entre estos establecimientos y los colegios y de 300 metros entre los locales.

El portavoz del PSOE recordó que cuando el Ayuntamiento aprobó la modificación inicial del PGOU, el informe que elaboró la Dirección General de Vivienda de la Junta en agosto de 2020 consideró «adecuada» la modificación. Sin embargo, luego, se recurrió ante la justicia la modificación del PGOU.

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