El proyecto de ley que busca prohibir la entrada de deudores alimenticios a casinos en Salta obtuvo media sanción en Diputados
La medida tiene un carácter disuasivo, al buscar presionar socialmente a quienes incumplen con sus obligaciones para que regularicen el pago.
Argentina.- La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de ley que propone incorporar nuevas restricciones para las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Una de las principales limitaciones planteadas es la prohibición de ingreso a casinos y establecimientos de apuestas oficiales.
La iniciativa busca funcionar como un mecanismo de persuasión para que los deudores cumplan con su obligación legal. «El alimento de los niños no es solo el plato de comida, sino la posibilidad de acceder a educación, salud y recreación, entonces, cuando un padre omite pagar la cuota, afecta el desarrollo del menor», expresó Socorro Villamayor, la diputada impulsora del proyecto.
El expediente N° 91-50.524/24 detalla que actualmente 1.447 personas figuran en el registro provincial de deudores alimentarios, de las cuales solo seis son mujeres. “Al impedir el ingreso a estas actividades, se brinda una herramienta para evitar el peregrinaje de las mujeres a Ciudad Judicial. Si la persona se ve impedida de asistir a estos espacios sociales, se verá motivada a pagar. Así, la madre no tendrá que recurrir nuevamente a la Justicia”, añadió Villamayor.
La propuesta
El proyecto propone incorporar los incisos e) y f) al artículo 4º bis de la Ley Provincial N° 7411, estableciendo que las personas registradas en el listado de deudores no podrán ingresar a eventos deportivos de pago ni acceder a casinos.
Con respecto a los eventos deportivos, se busca extender el mecanismo actual de verificación del DNI, utilizado para identificar impedimentos judiciales, mediante el uso de la base de datos existente, con el fin de asegurar la prohibición de ingreso. Asimismo, en lo que respecta a los casinos, la medida aprovecha que muchos ya cuentan con registros de autoexclusión, proponiendo adaptarlos para incorporar a los deudores alimentarios, lo que se presenta como una solución de fácil implementación y sin requerir mayores inversiones técnicas.
