El juego ilegal: un problema que la sociedad sigue eligiendo no mirar

Luis Alberto Gama, exdirector nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay y socio director de Gaming Consultores.
Luis Alberto Gama, exdirector nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay y socio director de Gaming Consultores.

En el siguiente artículo, Luis Alberto Gama, exdirector nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay y socio director de Gaming Consultores, analiza el avance del juego ilegal y advierte sobre sus consecuencias económicas, sociales e institucionales.

Opinión.- Hay problemas que, aun cuando crecen frente a nuestros ojos, permanecen invisibles. No porque no existan, sino porque nadie parece dispuesto a observarlos con la atención que merecen. El juego ilegal es uno de ellos.

Mientras el debate público se concentra en las consecuencias más visibles de la inseguridad, la inflación o la pobreza, una actividad no autorizada continúa expandiéndose silenciosamente, evadiendo las acciones de control de las instituciones del Estado y dejando un profundo daño social que rara vez ocupa un lugar en la agenda política.

El juego ilegal no es simplemente una infracción administrativa ni una competencia desleal para quienes operan dentro del marco legal. Es una economía clandestina que evade controles, no tributa y encuentra terreno fértil allí donde el Estado se ausenta o mira hacia otro lado.

Lo más preocupante, sin embargo, no es únicamente su crecimiento, sino la escasa visibilidad que tiene como problema público. Son pocos los dirigentes políticos que lo incorporan seriamente en sus agendas. Escasas las organizaciones sociales que advierten sobre sus consecuencias. Limitado el espacio que ocupa en los medios de comunicación. Y, en muchos casos, insuficiente la coordinación entre los organismos encargados de prevenirlo, investigarlo y sancionarlo.

Esta indiferencia tiene un costo.

Detrás de cada plataforma clandestina, de cada apuesta ilegal o de cada red que opera fuera de los marcos regulatorios, existen personas expuestas a fraudes, menores que pueden acceder sin controles, familias afectadas por el juego problemático y recursos que dejan de destinarse a políticas públicas. 

Paradójicamente, cuanto más sofisticadas se vuelven estas organizaciones, más silencioso parece el debate. La tecnología ha multiplicado las posibilidades del juego ilegal, especialmente en el ámbito digital, donde la capacidad de operar desde múltiples jurisdicciones dificulta la acción de los organismos de control. Sin embargo, esa complejidad no puede convertirse en una excusa para la inacción.

El combate contra el juego ilegal requiere mucho más que operativos aislados o declaraciones ocasionales. Exige una política pública sostenida, coordinación entre los distintos niveles del Estado, cooperación internacional, herramientas tecnológicas, marcos normativos actualizados y campañas permanentes de concientización.

Pero, sobre todo, requiere voluntad política.

Resulta llamativo que una problemática con semejante impacto económico, institucional y social permanezca tan relegada. Como sociedad hemos aprendido que muchos de los grandes problemas comienzan siendo ignorados. Cuando finalmente ocupan el centro de la escena, el daño ya suele ser mucho más difícil de reparar.

Por eso este no pretende ser un artículo más sobre el juego ilegal. Pretende ser una interpelación.

Una interpelación a quienes legislan, para que doten a la Justicia de las herramientas normativas necesarias que le permitan investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia las nuevas modalidades del juego ilegal y las organizaciones que se esconden detrás de ellas, mediante un marco legal claro, preciso y actualizado, que no deje lugar a interpretaciones ambiguas ni zonas grises que dificulten su aplicación.

Una interpelación a quienes gobiernan, para que asuman un compromiso real e integral frente a la problemática de la ilegalidad. No alcanza con respuestas aisladas ni medidas parciales. El juego ilegal debe ser abordado como parte de un fenómeno más amplio, mediante políticas públicas coordinadas, recursos suficientes e instituciones fortalecidas, priorizando siempre el interés general por sobre los intereses particulares.

Una interpelación a los medios de comunicación, para que iluminen una realidad que permanece demasiado tiempo en las sombras.

Y también una interpelación a la sociedad, porque mientras el juego ilegal siga siendo percibido como una práctica inofensiva o un problema ajeno, continuará creciendo con la comodidad que ofrece el silencio colectivo.

No alcanza con mirar hacia otro lado. Es tiempo de asumir que la indiferencia también tiene consecuencias.

Las sociedades que enfrentan con decisión los desafíos complejos son aquellas que primero se animan a nombrarlos. El juego ilegal ya no puede seguir siendo un tema marginal. Debe convertirse en una prioridad institucional, política y social.

Porque allí donde el Estado pierde presencia, otros ocupan ese espacio. Y cuando la ilegalidad se normaliza, lo que está en juego ya no es solamente una actividad económica: es la calidad de nuestras instituciones, la protección de los sectores más vulnerables y la confianza en el Estado de derecho.

El verdadero desafío no es descubrir que el problema existe. El desafío es dejar de actuar como si no existiera.

Luis Alberto Gama

Ex Director Nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay

Socio Director de Gaming Consultores


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