Regulación del juego online en Uruguay: voluntad política de avanzar, pero pocas definiciones
Aunque el Gobierno prevé presentar proyectos para regular la modalidad en 2026, aún no hay detalles concretos. Desde el sector privado destacan la necesidad de un modelo basado en licencias y advierten que el proceso será de mediano a largo plazo. La palabra exclusiva de Luis Gama, secretario ejecutivo de CUOASEC.
Reporte especial.- Uruguay vuelve a poner sobre la mesa la discusión en torno a la regulación del juego online, en un contexto donde las señales políticas apuntan a avanzar, pero sin definiciones concretas sobre el alcance, los plazos ni el modelo que adoptará el país.
Tal como adelantó el Gobierno, el Poder Ejecutivo prevé enviar al Parlamento iniciativas vinculadas al sector durante 2026. Sin embargo, hasta el momento, la información oficial es escasa y el proceso parece estar aún en una etapa preliminar.
Este escenario no es nuevo. Hace más de tres años, en agosto de 2022, el Senado uruguayo otorgó media sanción a un proyecto de ley que habilitaba al Estado y a los casinos autorizados a explotar el juego online, iniciativa que luego pasó a la Cámara de Representantes sin lograr su aprobación definitiva.
Desde entonces, el debate quedó estancado, y distintos intentos por reactivarlo —incluidas nuevas propuestas legislativas y modelos alternativos— no han logrado traducirse en una ley concreta, lo que refuerza la percepción de un proceso complejo y sujeto a múltiples factores políticos y técnicos.
Luis Gama, secretario ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento (CUOASEC), confirmó, en diálogo con Focus Gaming News, que no han recibido detalles específicos por parte de las autoridades. “Hasta el momento no hay información oficial ni por parte del Poder Ejecutivo ni desde la Dirección General de Casinos sobre el alcance específico de una eventual regulación”, explicó.
En la misma línea, Gama señaló que tampoco existe claridad sobre el tipo de marco normativo en evaluación ni sobre un cronograma definido, lo que refuerza la percepción de que el desarrollo regulatorio no será inmediato. “Todo indica que podría enmarcarse en un horizonte de mediano a largo plazo, sujeto a definiciones técnicas y políticas”, agregó.
Mientras el Ejecutivo mantiene silencio sobre los detalles, en el ámbito legislativo ya comenzaron a circular distintas alternativas. Entre ellas, se destacan propuestas que van desde una plataforma estatal de juego online hasta esquemas mixtos con participación privada.
Frente a este escenario, desde CUOASEC sostienen que el modelo más adecuado para Uruguay debería basarse en un sistema de licencias, vinculado a los operadores que ya cuentan con autorización para explotar casinos en formato presencial.
Según Gama, este enfoque permitiría garantizar mayores niveles de control y transparencia: “Los operadores habilitados serían actores que ya están sometidos a controles estatales, tienen experiencia en la actividad y mantienen vínculos jurídicos con el Estado, lo que facilita los mecanismos de fiscalización”.
Además, subrayó que este esquema contribuiría a evitar la proliferación de operadores informales y a consolidar un mercado más seguro, en línea con estándares regulatorios internacionales.
En paralelo, el sector privado continúa buscando instancias de diálogo con autoridades y legisladores, con el objetivo de aportar insumos técnicos que permitan estructurar la discusión.
“Se está trabajando en la elaboración de documentos técnicos que permitan poner sobre la mesa propuestas concretas y bien fundamentadas”, indicó Gama, destacando la intención de generar una base sólida para el debate que sirva para una discusión más estructurada tanto con legisladores como autoridades del Estado.
«Para fortalecer y darle continuidad al diálogo desde la Cámara se apuesta firmemente al intercambio permanente como herramienta clave para avanzar en soluciones sostenibles», dijo Gama, quien agregó que la institución siempre está dispuesta a cooperar de manera profesional y técnica, aportando conocimiento y experiencia para contribuir a que Uruguay cuente —definitivamente— con una «legislación actualizada, equilibrada y acorde a las necesidades reales del sector».
Respecto al clima político, el ejecutivo de CUOASEC consideró que la disposición para avanzar ha estado presente en distintos momentos, aunque diversos factores han demorado su concreción. “Siempre ha existido voluntad política, pero intervienen múltiples factores —técnicos, regulatorios y de prioridades legislativas— que han incidido en que esos avances no se concreten hasta el momento”, afirmó.
A la espera de definiciones oficiales, el sector coincide en la necesidad de modernizar el marco regulatorio y adaptarlo a la realidad digital. En ese sentido, CUOASEC busca posicionarse como un actor activo en el proceso, promoviendo un enfoque alineado con las mejores prácticas de la región.
“Existe una total apertura y plena disposición para colaborar, promoviendo el diálogo constructivo para avanzar hacia un marco regulatorio moderno, transparente y eficaz”, concluyó Gama.
Así, Uruguay se encamina a retomar un debate clave para la industria del juego, en un escenario donde la intención política parece estar, pero donde aún resta transformar las ideas en un proyecto concreto.
