El gobierno de República Dominicana deroga el decreto que regulaba el cobro de impuestos a los servicios digitales proveídos por extranjeros como casas de apuestas
El presidente Luis Abinader derogó el Decreto 30-25 que contemplaba la aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios a las plataformas digitales extranjeras y servicios como los juegos de azar.
República Dominicana.- El gobierno de la República Dominicana, a través del Decreto N°107-25, derogó el anterior Decreto N°30-25, emitido el 17 de enero de 2025, que regulaba el cobro del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) sobre los servicios digitales consumidos en el país, proporcionados por proveedores extranjeros.
La derogación, anunciada por Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, deja sin efecto la aplicación del ITBIS a plataformas populares como Netflix, Spotify y Amazon, así como a otros servicios digitales, incluidos aquellos que ofrecen juegos de azar online. El decreto original, que generó diversas reacciones en el país, se había propuesto como una forma de gravar una amplia gama de servicios digitales como películas, música, apuestas, juegos en línea y más, aunque su alcance también fue motivo de gran debate.
Entre las características más controvertidas del decreto estaba su inclusión de los juegos de azar en la lista de servicios sujetos al ITBIS. De acuerdo con el reglamento, cualquier plataforma de apuestas o juegos de azar online estaría obligada a aplicar el impuesto sobre sus transacciones, lo que despertó preocupaciones entre los sectores del entretenimiento digital y las autoridades del sector económico.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por su presidente, Trajano Vidal Potentini, expresó un fuerte rechazo a la medida original, afirmando que solo el Congreso Nacional tiene la facultad para establecer impuestos, y no el Poder Ejecutivo mediante decreto. Potentini subrayó que la imposición de impuestos a las plataformas digitales extranjeras sin una ley aprobada por el Congreso podría haber sido ilegal e inconstitucional. A su juicio, la medida no solo representaba un peligro para la seguridad jurídica del país, sino que podría haber ocasionado conflictos internacionales, particularmente con Estados Unidos, cuyo gobierno ya había expresado su oposición a políticas similares en otras naciones.
“Este tipo de políticas y desaciertos jurídicos habrían generado no solo una perturbación en el marco legal e institucional, sino también un posible conflicto con los Estados Unidos, protegiendo de esta forma tanto a los consumidores como al ecosistema digital dominicano», afirmó Potentini.
Con la derogación del Decreto N°30-25, el presidente Luis Abinader busca evitar la creación de nuevas cargas fiscales sin el debido proceso legislativo, y frenar cualquier impacto negativo sobre la economía digital del país.
A pesar de la derogación, expertos coinciden en que es necesario establecer un marco normativo claro y adecuado para los servicios digitales, de forma que se garantice tanto la seguridad jurídica como el desarrollo del sector económico digital, siempre respetando los acuerdos internacionales sobre comercio.
En este contexto, tanto el sector legal como los actores internacionales han insistido en que cualquier tipo de reforma tributaria en el ámbito digital debe ser realizada con un enfoque integral y con la debida participación del Congreso, como lo manda la Constitución de la República Dominicana.
