El futuro del impuesto a las apuestas online se define en Perú mientras el sector prepara una demanda ante el Tribunal Constitucional
El Congreso debatirá hoy una reforma que eliminaría el Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a las apuestas deportivas y juegos a distancia. En paralelo, los operadores ya cuentan con el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la medida tributaria.
Perú.- La industria peruana de apuestas deportivas y juegos a distancia enfrenta una semana decisiva. Mientras el Congreso de la República se prepara para debatir un proyecto que busca modificar el régimen tributario aplicable al sector, los operadores ya obtuvieron la validación necesaria para llevar la controversia al Tribunal Constitucional en caso de que la iniciativa legislativa no prospere.
El eje de la discusión gira en torno al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) incorporado mediante el Decreto Legislativo N.º 1644, aprobado durante el gobierno de Dina Boluarte. Actualmente, las empresas del sector tributan un 12 por ciento por concepto de Impuesto al Juego, al que se suma un ISC equivalente al 1 por ciento del monto apostado.
La propuesta que será analizada por el Pleno del Congreso busca modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del ISC, eliminando las disposiciones que incorporaron a los operadores de apuestas deportivas y juegos a distancia como sujetos de este impuesto. Asimismo, pretende derogar el mecanismo que permite aplicar las tasas considerando el mayor valor resultante de distintos cálculos tributarios.
La iniciativa ya había sido aprobada previamente por el Congreso, pero fue observada por el Poder Ejecutivo. Ahora, los legisladores deberán decidir si aceptan las observaciones del Gobierno o si aprueban el proyecto por insistencia.
Es por esto que el sector recibió un importante respaldo institucional luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) certificara la validez de las 5.000 firmas requeridas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De este modo, si el Congreso no aprueba la reforma, los operadores podrán iniciar un proceso judicial para cuestionar la legalidad del impuesto.
Las empresas sostienen que el Decreto Legislativo N.º 1644 presenta deficiencias jurídicas que lo vuelven incompatible con la Constitución. Diversos informes elaborados por especialistas en derecho constitucional y tributario han cuestionado que el gravamen carezca de elementos esenciales para su correcta aplicación, lo que podría afectar la seguridad jurídica del sector.
Además, los operadores recuerdan un antecedente favorable para la industria. En 2001, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales determinadas disposiciones tributarias aplicables a los casinos y máquinas tragamonedas, una decisión que posteriormente obligó al Estado peruano a recalcular y devolver montos cobrados bajo ese esquema.
Más allá del debate legal, la controversia también ha puesto el foco sobre el impacto económico de la carga fiscal. Aunque el ISC representa nominalmente un 1 por ciento sobre cada apuesta, diversos análisis del sector sostienen que, debido a la estructura del negocio, la carga tributaria efectiva puede acercarse al 50 por ciento de los ingresos brutos del juego en determinados escenarios.
Según datos difundidos por representantes de la industria, entre 2025 y 2026 cerca de 40 operadores abandonaron el mercado peruano y alrededor de 1.500 puntos de venta cerraron sus puertas. Asimismo, el patrocinio de empresas de apuestas en el fútbol profesional se habría reducido de 18 clubes en 2024 a apenas cinco en 2026.
Los operadores también advierten que un aumento de la presión fiscal podría favorecer el crecimiento de plataformas ilegales, que operan fuera del marco regulatorio peruano y pueden ofrecer cuotas, promociones y premios más competitivos al no estar sujetas a las mismas obligaciones tributarias.
Con el debate parlamentario previsto para este martes, el Congreso peruano deberá decidir entre mantener el esquema tributario vigente o avanzar con una reforma que reduzca la carga impositiva.
