El congreso de Paraguay trabaja en su ley de juegos de azar

El Poder Ejecutivo ya elevó al Congreso Nacional el proyecto que involucra al Estado, dado que por el momento sólo se ocupa CONAJZAR, que no cuenta con presupuesto propio.

Paraguay.- La Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República del Paraguay, confirmó que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el Proyecto de Mensaje y Ley de juegos de azar y su regulación. El documento “se enmarca en la necesidad imperante de contar con una ley especial que contemple elementos que coadyuven al desarrollo ordenado del rubro y cuya visión esté enfocada a un control más estricto por parte del Estado, a la posibilidad de explotar por sí o por medio de concesiones a terceras personas físicas o jurídicas los distintos juegos de azar, así como la declaración de importancia de la inversión privada para el fomento del turismo y de lugares de entretenimiento”.

Además, destaca “la importancia de la aplicación de tecnología en los canales de comercialización de los juegos de azar, la importancia de las certificación de calidad de máquinas, sistemas e implementos utilizados para la captación de apuestas y sorteos; importancia de controles en los casos de implementación de los cánones porcentuales y que impliquen conocimiento del movimiento económico del juego. La importancia de la aplicación de políticas públicas de juego responsable y prevención de la ludopatía, así como políticas públicas de responsabilidad social y aseguramiento del destino de los ingresos provenientes en concepto de cánones de azar”.

Por otro lado, explica: “el control de los concesionarios de juegos de azar, la protección a los mismos; persecución de juegos clandestinos; realización de procesos licitatorios; rendición de informes constantes al Poder Ejecutivo, a ambas Cámaras del Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público Contraloría General de la República, así como la aplicación de tecnología; desarrollo de nuevas modalidades de juegos y control de cumplimiento de mecanismos de prevención de lavado de dinero no pueden ser exigidos por el Estado a un órgano de control carente de los recursos necesarios para ello, pues a la fecha, CONAJZAR no cuenta con un presupuesto propio y acorde ni con recursos humanos suficientes para el desarrollo institucional”.