El casino de Mendoza, Argentina, rescindió el contrato con Sielcon
Era un final anunciado y ocurrió mediante la resolución 375/16 el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC).
Argentina.- Después de varios conflictos, el casino de Mendoza rescindió el polémico contrato por tragamonedas que lo unía a la empresa Sielcon. Mediante la resolución 375/16 el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC) finalmente dio de baja el control online de la recaudación de las tragamonedas a través de esta compañía.
La empresa afectada por la caída del contrato tenía pautado un negocio de aproximadamente 1,33 millones de dólares anuales. A partir de ahora se abrirá un proceso a través del cual el directorio de la entidad, presidido por Josefina Canale, apunta a contratar al Instituto de Tecnología Industrial (INTI) como el organismo que se encargará de controlar lo que la anterior administración había dejado en manos de privados.
Este proceso fue el centro de todas las sospechas durante los últimos meses, que recayeron sobre el ex presidente del Instituto, Carlos Biachinelli y sobre uno de los ex integrantes del antiguo directorio, Federico Domínguez, de haber intentado armar un negocio a medida de Alfredo Vila. La empresa Sielcon fue quien resultó adjudicataria para establecer un control estatal y paralelo de la recaudación de las tragamonedas y, aunque el sistema debería estar funcionando desde agosto pasado, todavía no comenzó.
El acuerdo permite alzarse con el 1,35 por ciento más IVA de la recaudación neta de las tragamonedas, lo que representa en total ingresos por más de 1 millón de dólares anuales. Hoy los casinos privados, que ya tienen controles en línea propios, pagan por este servicio 0,30 centavos de dólar por cada máquina. El Estado, le prometió a Sielcon un dólar por hacer el mismo trabajo.
La necesidad de los controles online pagados por el Estado no solo fueron desestimados por las actuales autoridades. Sino que además los cuestionó también Pedro Pettignano, un hombre clave en la gestión del gobierno de Francisco Pérez en el IPJyC que se desempeñó entre 2013 y 2015 como gerente general. Sin embargo el motivo central por el cual se decidió la rescisión fue la irregular transferencia del contrato que hizo la empresa hacia finales del año pasado a un fideicomiso para que se haga cargo del sistema. Ese tipo de maniobra se realizó sin la autorización del Instituto, y la transferencia del contrato servirá para revelar quién está detrás de la operación.
