Dominicana: delinean un protocolo contra la ilegalidad en juegos de azar

El protocolo entró en vigencia el viernes 17 de septiembre.
El protocolo entró en vigencia el viernes 17 de septiembre.

El Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General sellaron un acuerdo para definir roles y responsabilidades en la lucha contra el juego no autorizado.

República Dominicana.- Mientras a nivel ejecutivo se analiza una serie de reformas fiscales que impactarían en el negocio del juego, las autoridades del gobierno delinearon un procedimiento para combatir la ilegalidad en el sector.

El Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República suscribieron el nuevo Protocolo para la Persecución de los Consorcios o Bancas de Loterías, de Apuestas Deportivas, Máquinas Tragamonedas, Juegos por Internet, Jugadas Ambulatorias con Dispositivos Móviles y otras modalidades no autorizadas.

El acuerdo, rubricado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y la procuradora general Miriam Germán Brito el viernes 17 de septiembre, tiene como objetivo evitar que los operadores de establecimientos de juegos de azar realicen sus actividades al margen de las normativas legales vigentes.

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Según se informó, la ejecución y el seguimiento directo de la aplicación del protocolo estará a cargo de los titulares del Viceministerio del Tesoro de Hacienda y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Se espera que los funcionarios propongan los mecanismos interinstitucionales para la debida aplicación y fijen los enlaces operativos correspondientes.

“Con la puesta en marcha de este protocolo, se busca reforzar la fiscalización, investigación y persecución de la proliferación indiscriminada y no autorizada de máquinas tragamonedas, consorcios o bancas de loterías y de apuestas deportivas. Esto en el marco de las respectivas competencias del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público, por los efectos nocivos que estas causan a nuestra sociedad”, enfatizó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

En tanto, la procuradora general, Miriam Germán Brito, planteó: “La proliferación indiscriminada de bancas de loterías, de apuestas y máquinas tragamonedas se constituyó en un grave problema para la economía familiar y un peligro para la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces se instalan en lugares visitados por menores”.

En el acto de firma estuvieron también presentes: el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa; el mayor general Edward Ramón Sánchez, director general de la Policía Nacional; el viceministro del Tesoro, Derby De Los Santos, y el director de Casinos y Juegos de Azar, Aníbal Amparo García.

Detalles sobre el protocolo

De acuerdo con las autoridades, el protocolo, que el viernes pasado se puso en vigencia, mejora la aplicación y la tramitación de procesos legales que estaban establecidos en otros acuerdos firmados entre ambas instituciones en años anteriores. El Ministerio Público fortalecerá su rol de mayor dirección del proceso y la custodia de bienes incautados y partidas monetarias como medios de prueba en la instrumentación de procesos judiciales, a fines de obtener sentencias condenatorias que reflejen responsabilidad.

A su vez, el documento establece que se designará un procurador fiscal en cada distrito judicial. El mismo será el encargado del tratamiento y la ejecución del protocolo, a la vez que determinará la necesidad de someter a cualquier infractor a la acción de la justicia.

“En casos de operaciones clandestinas, el Ministerio Público, al momento de recibir el requerimiento del Ministerio de Hacienda, procederá a solicitar autorización judicial ante el juez competente, a fines de allanamiento e incautación. Así, procederá a coordinar con el miembro del Ministerio de Hacienda correspondiente, fecha y hora en que se ejecutará dicha decisión judicial, para garantizar su presencia”, estipula el instrumento.

En las actuaciones de los procuradores fiscales, los inspectores de Hacienda firmarán en calidad de testigos el acta de incautación y cierre de local. Los inspectores deberán denunciar a los infractores ante el Ministerio Público, quien actuará de acuerdo con las previsiones legales que rigen la materia.

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