Diputados chilenos buscan prohibir que deudores de cuota alimentaria puedan acceder a casinos e hipódromos

La iniciativa propone la modificación de tres leyes.
La iniciativa propone la modificación de tres leyes.

La iniciativa amplía el catálogo de sanciones contra personas que adeuden la pensión alimenticia.

Chile.- Un grupo de diputados chilenos presentaron un proyecto de ley que plantea prohibir a los deudores de alimentos la posibilidad de ingresar y realizar apuestas en salas de juegos de casinos e hipódromos en el país.

El proyecto, que será discutido en la Comisión de la Familia de la Cámara Baja chilena, fue ingresado el pasado martes 18 de junio por los legisladores Mónica Arce, Sara Concha, Juan Irarrázaval, Francesca Muñoz, Marcia Raphael, Hotuiti Teao y Carolina Tello.

De acuerdo al texto, el objetivo de la iniciativa es “aumentar el catálogo de sanciones para las personas que posean una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudores de alimentos”.

La iniciativa propone la modificación de tres leyes a fin de establecer expresamente la prohibición de acceso a recintos de apuestas de aquellas personas que no hayan cumplido con sus responsabilidades respecto de las pensiones alimentarias.

Específicamente, el texto pide la modificación de la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, la modificación de la Ley 4566 General de Hipódromos y la modificación de la Ley N°19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.

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Además, se establece que los deudores no puedan, “por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en casinos de juegos o en hipódromos”.

El proyecto cita que, según cifras entregadas desde el Ministerio de la Mujer, en septiembre de 2023, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ya acumulaba 154.000 causas y 147.439 deudores inscriptos

“En este complejo panorama, resulta necesario e indispensable fortalecer la institucionalidad vigente y ampliar el catálogo de sanciones para los deudores de alimentos. Esto, con el objeto de incentivarlos a cumplir, mediante apremios y restricciones, con una obligación que legal y moralmente les corresponde”, sostienen en el texto al justificar la relevancia del proyecto.

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