Critican la actividad de Codere en Buenos Aires
Mientras se espera por la ley que limitaría el funcionamiento de bingos y slots, Codere factura en Argentina más que en cualquier parte del mundo.
Argentina.- “No va más”. Ese es el nombre de la investigación realizada por el defensor del pueblo adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, sobre el negocio del juego en esa área. En diálogo con el diario Hoy, señaló que en ninguna parte del mundo un bingo está abierto las 24 horas de los 365 días del año como en La Plata. Mientras tanto, la Legislatura bonaerense tramita una iniciativa, que ya tiene media sanción en el Senado y que busca limitar el horario de funcionamiento de los bingos y tragamonedas, de 16 a 3 de la mañana.
Martello también denunció: “En la Argentina y particularmente en Buenos Aires, donde Codere tiene 14 salas, la mayoría de ellas están ubicadas en los grandes centros urbanos y en los cordones más pobres de la Provincia. Le han otorgado la facilidad de tener abiertas sus salas los 365 días del año, lo que muestra el fuerte poder de lobby que tienen estas empresas”.
Las críticas a Codere no sólo se refieren al horario, sino también a la recaudación -temas directamente relacionados-, que es ampliamente mayor a la que percibe la empresa en otras partes del mundo. Con un tercio de los bingos en toda la Provincia de Buenos Aires, Codere tiene en funcionamiento cerca de 7 mil tragamonedas que le suponen ganancias de 850 millones de euros. En Italia, donde controla 9 mil slots, sólo recauda poco más de 320 millones y en España, con una cantidad similar de máquinas, apenas 170 millones de euros.
El defensor del pueblo adjunto cree que los bingos y tragamonedas deben ser estatizados, ya que “no se los puede regular porque hay un hilo conductor entre el juego y actores de la política”.
Si se aprobara la reducción horaria para el funcionamiento de los bingos, podría no ser el único revés para la empresa española. Varias salas de juego de Codere fueron allanadas el 9 de marzo por personal de Gendarmería Nacional en el marco de una investigación por la circulación de facturas apócrifas que los vinculaban en la causa por defraudación fiscal por mil millones de pesos (casi $ 65 millones de dólares) durante el 2014 y el 2015.
