Crece la oposición al proyecto que propone salas de póker fuera de casinos en Puerto Rico
Operadores y referentes del sector advierten que la iniciativa PS 960, que busca expandir el juego con nuevas verticales, podría debilitar los controles regulatorios y abrir la puerta a riesgos como el lavado de dinero, en medio de un debate que también promete mayor recaudación fiscal.
Puerto Rico.- El debate por la expansión de la industria del juego en Puerto Rico sumó nuevas tensiones, luego de que representantes del sector de casinos expresaran una fuerte oposición al proyecto legislativo que propone habilitar salas de póker fuera de los establecimientos tradicionales.
La iniciativa, impulsada por la senadora Roxanna Soto Aguilú bajo el Proyecto del Senado 960 (PS 960), plantea diversificar la oferta con nuevas verticales como salas de póker independientes, apuestas en e-sports y loterías electrónicas interactivas. Según estimaciones incluidas en la propuesta, estas medidas podrían generar entre US$50m y US$100m adicionales al año.
Sin embargo, operadores del sector advierten que uno de los puntos más controvertidos, la apertura de salas de póker fuera de casinos, podría socavar el esquema regulatorio vigente y representar un duro golpe a las finanzas de las históricas salas de juego de la isla. Durante la convención anual de la Asociación de Hoteles de Puerto Rico, Bredman Bassman, managing partner de B Global Advisors, afirmó que “los casinos de Puerto Rico son reconocidos como ejemplo de integridad en la industria de juegos de azar” y sostuvo que “un mercado de juegos de azar desregulado y en la sombra no tiene cabida en Puerto Rico”.
En la misma línea, el gerente general de Casino Metro, Isamel Vega, cuestionó la propuesta al advertir que la medida “destruye los principios básicos de regulación, transparencia e integridad que han sostenido responsablemente la industria de casinos en Puerto Rico por décadas”.
Desde la industria remarcan que el modelo actual exige controles estrictos, como registro presencial de jugadores, monitoreo continuo y cumplimiento de normativas federales, elementos que, según sostienen, garantizan la protección del consumidor y la trazabilidad de las operaciones.
El proyecto también enfrenta reparos a nivel institucional. La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico confirmó que se encuentra realizando un “análisis exhaustivo” de la iniciativa y anticipó reservas respecto a su implementación en su forma actual.
Asimismo, desde el sector turístico surgieron advertencias sobre el posible impacto en el ecosistema vigente. La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, subrayó la histórica vinculación entre la industria del juego y el sector hotelero, mientras que la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo, Clarisa Jiménez Mayoral, consideró que la propuesta podría “institucionalizar una competencia desleal” frente a los operadores actuales.
