Control en México: Aguascalientes refuerza acciones contra máquinas tragamonedas pese a limitaciones legales
El Ayuntamiento aprobó facultades para que verificadores municipales denuncien la presencia de estos dispositivos ilegales, pero cuyo retiro depende de la intervención de la Fiscalía General de la República.
México.- El Ayuntamiento de Aguascalientes intensificará sus acciones contra las máquinas tragamonedas. Pese a que la Ley Federal de Juegos y Sorteos, bajo regulación exclusiva de la Secretaría de Gobernación, establece que las máquinas son ilegales, su retiro presenta obstáculos jurídicos que complican la labor de las autoridades locales.
El secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, explicó que para acreditar oficialmente que un dispositivo es una máquina tragamonedas se requiere un peritaje emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), único órgano facultado para ello. Esta limitación ha generado vacíos legales que impiden a los municipios actuar de manera directa.
Ante esta situación, el Cabildo de Aguascalientes aprobó una reforma que otorga nuevas facultades a los verificadores municipales de áreas como Mercados, Reglamentos y Sanidad. A partir de ahora, podrán presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando detecten posibles delitos, entre ellos la instalación de máquinas tragamonedas.
La medida busca evitar que comerciantes o responsables de establecimientos se amparen en la falta de competencia municipal para impedir el retiro de los aparatos. “Estamos buscando darles todas las posibilidades a los verificadores para que no haya forma de que eludan estas gentes que tienen este tipo de máquinas en un negocio particular”, señaló García López.
El funcionario reconoció que, aunque no existen pruebas de que grupos delictivos obliguen a instalar estos dispositivos en comercios, sí hay reportes ciudadanos que evidencian su presencia en distintos puntos de la capital.
En este contexto, el Ayuntamiento reafirmó su compromiso de actuar dentro del marco legal para combatir un problema que, pese a estar claramente tipificado como ilegal en la legislación federal, requiere coordinación con instancias de mayor jerarquía para ser atendido de manera efectiva.
