México endurece controles sobre los juegos de azar con su nueva Ley Antilavado
El Senado aprobó reformas que clasifican a las apuestas como una actividad vulnerable al lavado de dinero, lo que podría impactar al sector del entretenimiento y frenar nuevas inversiones.
México.- La industria de los juegos de azar en México se encuentra nuevamente en el centro del debate, tras la reciente aprobación en el Senado de la República de la nueva reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la “Ley Antilavado”, y al Código Penal Federal. El texto legal, impulsado por el senador Javier Corral, incorpora a las apuestas, los sorteos y la participación en juegos de azar como posibles vías para operaciones ilícitas, colocándolas bajo un régimen de mayor supervisión y exigencia en términos de transparencia y reporte de transacciones.
La iniciativa busca responder a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que este año evaluará a México en cuanto a sus políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre los principales objetivos de la normativa se encuentra cerrar brechas legales que permiten el uso del sistema financiero por parte de organizaciones criminales, asegurar la estabilidad económica y aplicar sanciones más severas para quienes no cumplan con las obligaciones legales en actividades catalogadas como vulnerables.
En este nuevo marco, los operadores de juegos de azar deberán reforzar sus mecanismos de reporte ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), implementar controles más estrictos sobre transacciones en efectivo y garantizar que sus actividades no sean utilizadas como fachada para el blanqueo de capitales. El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en la revocación de licencias y en sanciones penales o administrativas.
Sin embargo, el avance de la ley no estuvo exento de controversias. Desde el sector empresarial y del entretenimiento, así como entre algunos legisladores de la oposición, surgieron voces críticas que advierten sobre los posibles efectos colaterales de la medida. “Estamos de acuerdo en combatir el crimen organizado, pero esta ley puede criminalizar actividades económicas perfectamente legales”, advirtió un representante de la Cámara Nacional de la Industria del Juego. Algunos senadores también denunciaron que la reforma otorga a la Secretaría de Hacienda y a la UIF facultades para acceder a información financiera de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial, lo que consideran una amenaza a los derechos constitucionales.
En paralelo, el endurecimiento de controles se enmarca en una política más amplia del gobierno federal hacia el sector del juego. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ratificado que no se otorgarán nuevas licencias para casinos, manteniendo la línea restrictiva del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. “La política de no otorgar más licencias para la creación de nuevos casinos no ha cambiado, incluso se están poniendo más controles”, afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa.
Aunque desde el oficialismo aseguran que la reforma es un paso necesario para fortalecer la transparencia y blindar al sistema financiero, persiste la preocupación entre operadores del rubro y expertos legales sobre el impacto que esta legislación pueda tener en la inversión privada, la generación de empleo y el desarrollo de una industria que, según datos oficiales, contribuye de forma significativa a la recaudación fiscal y al turismo en varias regiones del país.
La nueva Ley Antilavado ya fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que marcará el inicio de su aplicación efectiva en los próximos meses.
