La Contraloría de Chile detecta a 910 funcionarios públicos apostando en casinos pese a prohibición

La Contraloría de Chile detecta a 910 funcionarios públicos apostando en casinos pese a prohibición

El organismo identificó que los empleados investigados pagaron más de US$12m entre 2024 y 2025.

Chile.- La Contraloría General de la República (CGR) de Chile informó que entre enero de 2024 y junio de 2025 un total de 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones en casinos de juego por un monto acumulado de CLP 11.490.456.871 (US$ 12.566.391), a pesar de que la normativa les prohíbe participar en apuestas.

El organismo precisó que 181 personas concentran el 96,8 por ciento del total transaccionado, equivalente a CLP 11.118.431.956, con casos individuales que superan los CLP 1.000 m y que no se condicen con el nivel de sus sueldos.

La investigación

El análisis, contenido en el CIC N° 20, se elaboró a partir del cruce de información entre funcionarios que administran o custodian fondos públicos y los registros de clientes de casinos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), considerando que la ley establece expresamente que estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.

Tomás Valenzuela, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, señaló que la restricción impuesta a los empleados fiscales busca “resguardar el buen uso de los fondos públicos, entendiendo que se puede confundir de dónde provienen estos fondos que ocupan en los casinos”. En total, los 20 mayores montos transados suman más de CLP5.392m, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

Específicamente, el informe identifica a funcionarios de instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones y diversas municipalidades, entre quienes registran los mayores montos apostados. La Contraloría aclaró que los resultados se construyeron en base a información entregada por la Superintendencia y por los operadores de casinos, aunque advirtió que podrían existir “eventuales deficiencias en la información proporcionada por estos últimos”.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría anunció que remitirá el listado de los 910 funcionarios a la SCJ para que haga su propia fiscalización e imponga sanciones. Además, pondrá a disposición los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades involucrados para que inicien procesos disciplinarios, además de derivarlos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines correspondientes.

Reacciones del sector

Según reportes publicados ayer en medios chilenos, el Ministerio de Defensa ya reaccionó al informe y solicitó a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que informen en un plazo de cinco días las medidas disciplinarias que adoptarán frente a los casos detectados.

En Puerto Montt, el alcalde Rodrigo Wainraihgt calificó la situación como de “máxima gravedad”, advirtiendo que en la comuna “hay cerca de 16 funcionarios con cargos directivos que habrían ido a casinos a hacer apuestas”. Recordó además que “por ley, aquellas personas que tienen la calidad de director o cargo directivo no pueden ir a hacer apuestas a un casino de juego”, y subrayó que “lo que es aún más grave, es que hay uno de esos funcionarios que gastó en apuestas cerca de CLP280m, lo que no se condice con la remuneración que este tiene”.

En Valdivia, la alcaldesa Carla Amtmann agradeció la labor de la Contraloría y señaló que están “a la espera de los nombres de los tres funcionarios que se indican, a quienes de manera inmediata someteremos a los procedimientos disciplinarios respectivos”. Añadió que “en lo que va de mi gestión, hemos sido rigurosos ante faltas graves a la probidad. Tras serias investigaciones, a la fecha hemos ya destituido a nueve funcionarios por esta causa”, y recalcó que los vecinos “tienen el derecho a que los funcionarios municipales actúen éticamente y de acuerdo con la ley”.

Finalmente, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, en cuya comuna se reportaron cuatro casos, expresó: “me alegro muchísimo de que se den a conocer este tipo de consolidados, y espero que a la brevedad se nos den los nombres de los involucrados, que sin duda, vienen a empañar el trabajo que llevamos”.

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