Coljuegos, protagonista en la nueva fase del sistema antilavado en Colombia
La entidad estatal que administra las actividades del juego de azar ha asumido un papel fundamental para fortalecer la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales.
Colombia.- Gracias al aporte de Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, y a otras entidades públicas y estatales, el sistema de antilavado colombiano avanzó hacia nueva instancia en su objetivo por fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales a través de acciones concretas.
La entidad que recientemente presentó su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 se sumó a las superintendencias Financiera, de la Economía Solidaria, y de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), el Ministerio de las Tecnoogías de la Información y Comunicaciones, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el sistema antilavado colombiano.
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Vale recordar que el último 15 de enero la DIAN puso en funcionamiento uno de los instrumentos más importantes para prevenir que las empresas y estructuras jurídicas sin personería jurídica sean utilizadas con fines de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Lucha contra la corrupción y evasión fiscal
Este registro se diseñó mediante la Ley 2010 de 2019, que ayuda contra la corrupción y evasión fiscal de los delitos de lavado de activos.
A partir de la Resolución 164 de la DIAN, expedida el 27 de diciembre de 2021, las sociedades tienen la obligación de suministrar la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y actualizarla en caso de presentarse alguna modificación. Por ejemplo, el número de identificación tributaria NIT o equivalente, los nombres y apellidos de los beneficiarios finales, el país de nacionalidad en le RUB, y el lugar de residencia, incluyendo dirección, código postal y correo electrónico.
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es que “los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario fiscal y el control de personas jurídicas para que las autoridades competentes la puedan obtener o tener acceso oportunamente”.
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La DIAN también estableció un régimen sancionatorio para las sociedades si se presenta algún caso de incumplimiento, tanto en el registro como en la actualización de la información.
Otros avances que se incluirán en la fase II de la recalificación son los relacionados con el cumplimiento de la recomendación 15 del GAFI y su nota interpretativa; la presentación de nuevas tecnologías del SARLAFT 4.0; la regulación para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) incluida en el SAGRILAFT 3.0; y la reciente Resolución 314 de 2021 de la UIAF que impone a los PSAV la obligación de enviar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad, así como reportes sobre transacciones individuales y múltiples realizadas con activos virtuales.
